El Govern niega "recortes" porque duplica la aportación pero no da datos sobre denegaciones
BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)
La Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) y unas 50 entidades han registrado este martes una carta al Parlament para pedir una auditoría independiente sobre la gestión de la RGC por parte de la Generalitat y la revisión general de todas las solicitudes denegadas, así como que se abonen los casos de silencio positivo, como indica la ley.
En una atención a los medios ante la Cámara catalana, el portavoz Diosdado Toledano ha visto "voluntad de recorte" por parte de la Administración en casos de denegaciones y falta de información que les llegan, y ha afirmado que se plantean acciones como huelgas de hambre si no se cumple la ley, ante la situación de desesperación que ven en muchas personas en todo el territorio catalán.
Han firmado la carta la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y sus homólogos de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon; Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, y Montornès del Vallès (Barcelona), José Montero, junto a entidades como Marea Blanca, la Confavc, la PAH, la APE y el sindicato Uste-Stes, y los partidos CatComú, EUiA, ICV, Podem Catalunya y PSC.
Toledano ha explicado que el Ayuntamiento de Barcelona ha habilitado un punto de asesoramiento a personas afectadas, en el que pueden presentarse personas de otras localidades, y ha pedido lo mismo a los demás municipios, mientras que a los afectados, les ha instado a recurrir las denegaciones y los silencios positivos que no se pagan.
Los responsables de la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat "se niegan a dar la información pública sobre las resoluciones efectuadas hasta la fecha", ha lamentado Toledano, que ha visto en este hecho vulneración de la Ley de Transparencia; según datos de febrero, se han gestionado más de 40.000 expedientes de entre 76.000 citas previas.
Han asistido al acto representantes de entidades y de los grupos parlamentarios CatECP --Xavier Domènech y Joan Josep Neuet-- y PSC --Raúl Moreno--, firmantes de la carta, y Toledano ha explicado que ambos grupos y el de Cs han presentado mociones para pedir que se cumpla con la ley de transparencia y se informe sobre el número de denegaciones.
En concreto, han detectado casos en los que se incumple el silencio positivo que establece la ley, por el que se considera aprobada una solicitud si no obtiene respuesta al terminar el plazo, y "se abusa del requerimiento de datos personales" --que ya se habían presentado-- en fechas cercanas al límite del plazo, ha alertado este martes en una atención a los medios ante el Parlament el portavoz Diosdado Toledano.
'SIN TECHO' Y MADRES SOLAS
También se comunican resoluciones denegatorias "injustas o que no concretan las causas de denegación, generando indefensión", con colectivos como las personas 'sin techo' y las familias monoparentales entre los afectados, y los entes gestores no comunican adecuadamente la situación de tramitación o resolución del expediente.
Toledano ha calificado la situación de absurda, y ha criticado que ve en esta gestión una "voluntad explícita de hacer un nuevo recorte", como considera que se hizo en 2011 con la Renta Mínima de Inserción (RMI, conocida como Pirmi), y ha alertado de que la RGC cuenta con una ley clara y tendrá consecuencias si se incumple.
RESPUESTA DE LA CONSELLERIA
La Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias ha negado las afirmaciones de los impulsores y ha considerado que tienen "una importante falta de rigor", y fuentes consultadas por Europa Press han cifrado en 12.337 las solicitudes pendientes actualmente, aunque no han aportado datos sobre el número de solicitudes que se han aprobado y denegado.
"No se puede hablar de recortes cuando el coste mensual de RMI era de 11 millones de euros y el de la RGC es de 25", han asegurado, y han añadido que trabajan en la tramitación de las preguntas presentadas por los grupos parlamentarios, que contestarán en los plazos procedentes, por lo que niegan que se vulnere la ley de transparencia.
SÍNDIC DE GREUGES
Han añadido que la Conselleria se reúne periódicamente con las entidades que formarán parte de la comisión de seguimiento, mientras no se puede formar, a la espera de que se cree Govern, y que el próximo encuentro será la próxima semana.
Por su parte, el síndic de Greuges, Rafael Ribó, investiga la gestión a través de una actuación de oficio y de "numerosas" quejas que ha recibido sobre este aspecto, han informado a Europa Press fuentes de la institución, a la que han apelado también los impulsores de la RGC.
