El primer edil está acusado de prevaricación por permitir una pista forestal en suelo no urbanizable
BARCELONA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Súria (Barcelona), Josep Maria Canudas (CiU), ha declarado este lunes como acusado en el juicio en la Audiencia de Barcelona por un presunto delito de prevaricación urbanística por irregularidades al otorgar una licencia a la empresa minera Iberpotash para construir una pista forestal en suelo no urbanizable y ha asegurado que la otorgó porque tenía los informes favorables de los técnicos y que sin ellos no se hubiera votado en la Junta de Gobierno local.
La Fiscalía y la acusación popular ejercida por la CUP sostienen que para otorgar la licencia para construir la pista forestal era necesario esperar a la aprobación del Plan Especial Urbanístico, que estaba tramitándose y obligaba a hacer un estudio de impacto ambiental, entre otros requisitos técnicos, y que tenía como objetivo último la construcción de una rampa de extracción subterránea en la mina de sal y potasa de Cabanasses.
Este plan especial contemplaba, además de construir la rampa que conducía el mineral desde el subsuelo hasta el exterior, un vial de ocho metros de ancho por el que circularían los camiones y con una cinta transportadora entre la mina y la fábrica, de manera que se evitaba el tráfico de camiones con el material por el centro de Súria.
Pese a tener en trámite este Plan Especial, la Junta de Gobierno aprobó en enero de 2012 una pista forestal de cuatro metros de ancho, por el mismo trazado que querían que tuviera el vial para los camiones, para poder introducir una tuneladora que hiciera la rampa subterránea, y una explanada en la boca del túnel, una licencia que posteriomente fue ampliada en una segunda votación en la Junta, lo que para las acusaciones supone un delito de prevaricación continuada.
El arquitecto técnico Jaume E.F., acusado también en este juicio, ha asegurado que la licencia de la pista no estaba sujeta al Plan Especial Urbanístico porque, en base al artículo 49 de la Ley de Suelo, estaba amparada por un plan superior, el plan de labores del sector minero, que preveía la construcción de la rampa, y que por lo tanto la licencia municipal se otorgó de forma legal.
En la misma línea han declarado el secretario interventor Miquel S.C. y el secretario accidental Josep P.C., quienes han defendido que la tramitación de la licencia se hizo de manera "correctísima" porque además de estar avalada por el artículo 49, se cumplimentó lo que exigía la ley forestal, que es tener un informe del Área de Medio Natural sobre la tala de árboles.
CONCEJALES ACUSADOS
En la misma sesión han declarado los concejales que ese año formaban parte de la Junta de Gobierno: el concejal de Medio Ambiente, Miquel Caelles; el concejal de Juventud, Ángel López; la concejal de Bienestar Social, Carme Besa, solamente acusados por la CUP, que finalmente ha anunciado que retira la acusación contra ellos: todos han asegurado, del mismo modo que el alcalde, que avalaron la licencia porque tenía los informes técnicos.
También ha declarado el que era concejal de Seguridad Ciudadana Joan Castellà, este último acusado tanto por la CUP como por la Fiscalía por un presunto delito de negociaciones prohibidas al votar la licencia pese a estar arrendando a Iberpotash los terrenos por donde pasaba la pista, que eran de su propiedad.
En su declaración como acusado, Castellà ha corroborado que existía este contrato pero ha dicho que lo suscribió a su pesar porque el valora "mucho" las fincas que le legaron sus abuelos y que hubiera preferido otra solución que el dejar que Iberpotash construyera la pista forestal y posteriormente el vial, pero que para su plan de mejora de la mina no había otro trazado posible.
Ha explicado que participó en la votación de la licencia porque hacía poco que era concejal y "desconocía" que al tener un posible interés personal debía abstenerse, y ha negado haber presionado a los otros concejales para que votaran en este sentido.
Preguntados sobre él, el alcalde y los concejales han indicado que, pese a saber que la familia de Joan Castellà era propietaria de terrenos en la zona de la montaña por donde tenía que pasar la pista, desconocían que hubiera suscrito un contrato de arrendamiento con la empresa Iberpotash y que estuviera cobrando un alquiler mensual, por lo que tampoco sabían que podía haber un conflicto de interés que le impidiera votar.
PETICIÓN DE PENAS
El fiscal Toni Pelegrin pide para el concejal Castellà nueve meses de cárcel, para el arquitecto municipal y para el secretario interventor dos años y diez meses de prisión y nueve años de inhabilitación para ejercer sus cargos en la administración, mientras que para el secretario accidental solicita un año y medio de prisión y siete de inhabilitación.
La CUP pide para el alcalde y el concejal Castellà sendas penas de cinco años de prisión y 15 de inhabilitación para ejercer cargo público, y para el arquitecto y secretarios penas de entre cuatro y cinco años de prisión.
La investigación arranca a raíz de la denuncia interpuesta por un particular, que hizo que inspectores de Urbanismo acudieran a la zona y se pararan temporalmente las obras, y posteriormente la CUP se personó en el procedimiento como acusación popular.
