Creen que la prisión preventiva es para impedir a un diputado "en plenitud de sus derechos" el acceso al gobierno
BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)
Los diputados de JxCat en el Parlament Jordi Turull y Josep Rull han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) para reclamar su inmediata puesta en libertad y para que el tribunal, "con la máxima urgencia posible", requiera al Gobierno que publique en el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc) su nombramiento como consellers.
En el escrito, recogido por Europa Press, los dos exconsellers del Govern de Carles Puigdemont, en prisión preventiva tras su procesamiento por el Tribunal Supremo por rebelión, han pedido al TC que "remueva cualquier otro obstáculo que restrinja o limite su acceso a dichos cargos y, en general, les impida el ejercicio de los derechos políticos que les reconoce el artículo 23 de la Constitución".
Asimismo, le reclaman que resuelva "exactamente con la misma celeridad que cuando el Gobierno español ha solicitado al Tribunal que adoptara medidas para impedir el acceso a la investidura de determinados candidatos como Carles Puigdemont, supuestos en los que se han llegado a habilitar incluso sábados para las deliberaciones oportunas".
Critican que el Gobierno se escuda en la situación de prisión de los dos consellers designados para evitar publicar su nombramiento en el Dogc, y lo consideran "absolutamente inaudito" porque la publicación de las resoluciones dictadas por autoridades competentes es un acto debido.
El abogado de los dos parlamentarios, Jordi Pina, ha presentado este recurso por vulneración de los derechos fundamentales a la libertad, a la participación en asuntos públicos y al acceso a cargos públicos y a un proceso con todas las garantías recogidos por la Constitución.
La defensa ha pedido amparo al TC para que declare la nulidad de las resoluciones de las que deriva dicha vulneración --el auto de prisión del Tribunal Supremo y su confirmación por parte de la Sala de apelaciones-- y, consecuentemente, en "la inmediata puesta en libertad" de los demandantes, y consideran de especial interés constitucional dicho recurso.
"Nos encontramos ante un caso muy preocupante --seguramente sin parangón en la Europa contemporánea-- de uso de la prisión preventiva para fines que les son absolutamente ajenos, como es impedir a un diputado en plenitud de sus derechos políticos el acceso a un cargo de gobierno", afirma el abogado Pina.
Relata cómo los diputados Rull y Turull se encontraban desde diciembre de 2017 sometidos a medidas cautelares, que habían cumplido escrupulosamente, y que fueron escogidos parlamentarios y empezaron su trabajo parlamentario y nada relevante sucedió hasta que Turull fue designado como candidato a la Presidencia de la Generalitat, "momento a partir del cual se precipitaron de forma abrupta los acontecimientos procesales", que acabaron con el reingreso en prisión de los demandantes.
Su puesta en prisión preventiva "sólo puede explicarse, por un lado, por la voluntad de evitar que Turull fuera proclamado presidente de la Generalitat aun cuando sus derechos políticos estaban intactos" y, por otro, para permitir en el plazo más breve posible la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que suspende los derechos políticos de los procesados por rebelión únicamente cuando se encuentran presos, valora el abogado.
Añade que esta decisión tuvo "implicaciones claramente políticas" porque el propio juez instructor reconoció que el fin de la prisión de Rull y Turull era para garantizar el acertado retorno al autogobierno en Catalunya, en palabras del propio Pablo Llarena.
RIESGO DE FUGA
Rechaza el argumento del riesgo de fuga porque desde diciembre de 2017, cuando se les dejó en libertad con medidas cautelares, su arraigo personal era el mismo, y porque no huyeron pese a estar investigados por rebelión.
"Es profundamente injusto que dicha sustracción al procedimiento de unos la paguen con la prisión quienes, por el contrario, sí han acudido -¡y por dos veces!- al llamamiento judicial", alega.
Sobre el riesgo de reiteración delictiva, Jordi Pina considera que "llama poderosamente la atención que en diciembre de 2017 el instructor manifestara que la decisión de los demandantes de ser diputados era algo que reducía el riesgo de reiteración y de fuga, en la medida en que suponía un acatamiento de la legalidad española, y que la misma circunstancia se esgrima en marzo de 2018 como factor de riesgo de reiteración".
"Ello invita a pensar, por fuerza, que lo que motivó este repentino cambio de criterio es que el instructor considerara que el regreso del autogobierno a Catalunya bajo la presidencia de Jordi Turull era una manera 'desacertada' de recuperar la autonomía política", añade.
Es más, llega a afirmar que, antes de celebrarse la vista para acordar medidas cautelares, la decisión de acordar la prisión preventiva ya estaba tomada por parte de Pablo Llarena, lo que "no se compadece, precisamente, con la voluntad legislativa de garantizar la imparcialidad judicial".
