La Ucer aumenta un 245% la atención de emergencia y atiende a 2.351 familias nuevas en 2017
BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha amenazado este martes con llevar los miles expedientes de los desahucios en viviendas en la capital catalana al despacho del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, si el Gobierno central del PP "persiste en facilitar los desahucios y el ministro se muestra alejado de la realidad".
En una rueda de prensa para presentar el balance de la Unidad Contra la Exclusión Residencial (Ucer) de 2017, la primera edil ha criticado que el Congreso aborde este mismo martes una ley impulsada por PP, Cs y PDeCAT "para acelerar aún más los desahucios sin distinguir entre familias vulnerables, pequeños propietarios y grandes propietarios".
En este sentido, ha exigido al Gobierno pasar de los 467 millones anuales que se destinan a políticas de vivienda en toda España a los 2.000 millones, impulsar una reforma fiscal que ponga fin a las sociedades que especulan con el mercado de alquiler, y la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para que las viviendas vacías se cedan a alquiler social.
"Es una obligación de todas las administraciones garantizar el derecho a la vivienda", y ha asegurado que el Ayuntamiento hace todo lo que está en sus manos para aumentar el parque de alquiler asequible y el pago al alquiler, entre otras medidas, y ha lamentado que el Gobierno ha recortado un 77% la partida en vivienda.
Colau ha asegurado que las consecuencias de favorecer los desahucios recaen en los ayuntamientos, que son los que menos competencias y menos recursos tienen: "El Estado da pasos hacia atrás y da nuevas facilidades a los especuladores para generar una nueva burbuja inmobiliaria con el mercado del alquiler que conllevará miles de desahucios".
BALANCE 2017
La Ucer atendió en 2017 un total de 2.351 familias nuevas en situación de emergencia --un 50% más que en 2016, cuando se ayudó a 1.574 familias-- y ha continuado con la gestión de 917 procesos que se iniciaron en 2016: "El perfil es un hogar formado por 3,3 personas de media, con presencia de menores, y con ingresos inferiores a 570 euros en el 57% de los casos e inferiores a 855 en el 72%".
De los expedientes abordados en 2017, la Ucer ha cerrado 1.362, un 41,37% de las familias atendidas, lo que supone un 77% más de expedientes resueltos que en 2016, y en el 42% de los casos la solución residencial ha sido aportada por el consistorio, que ha priorizado que las familias continúen en su domicilio --lo que se ha conseguido en el 16% de los casos (218 viviendas)--, y en los casos que no ha sido posible, se ha recurrido a otros mecanismos en función de la disponibilidad de viviendas y capacidad económica de las familias.
En el 58% restante, la solución ha pasado por una combinación de las ayudas sociales que ofrece el Ayuntamiento de Barcelona y por recursos residenciales no municipales: el 18% por acceso a nueva vivienda por mesa de emergencia o de protección oficial; el 12% por acuerdo con la propiedad a través de mediación; el 3% en alquiler social con entidades financieras; el 7% por acceso a recursos temporales como pensiones; el 1% por acuerdo con la propiedad para incluir la vivienda en la Bola de mediación, y el 1% restantes por realojo a una nueva vivienda de la misma bolsa.
Los datos de 2017 muestran que el 51% de las familias atendidas por riesgo de exclusión residencial estaban en régimen de alquiler, mientras que el 36% están en tenencia a precario y el 7% residen en viviendas de su propiedad, y el concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, ha destacado que el mayor número de atenciones de la Ucer se han producido en los distritos de Nou Barris (16,59%), Sants-Montjuïc (16,55%), Ciutat Vella (15,87%), Horta-Guinardó (11,74%), Sant Andreu (10,89%), Sant Martí (10,68%) y Eixample (9,23%).
DESAHUCIOS
Colau ha explicado que, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los procesos judiciales por desahucios han caído un 22% desde 2014, y que en 2017 se practicaron un total de 2.519: "Seguimos interpelando al CGPJ para mejorar el protocolo, que ha quedado desfasado, y pedimos poder contactar con las familias que se enfrentan a un proceso judicial para atenderlas antes de que se ejecuten los desahucios".
Asimismo, ha reprochado a la Generalitat la falta de inversión en vivienda: "El 60% del Consorcio es de la Generalitat y el 40 del Ayuntamiento, y eso no se ve reflejado en los esfuerzos, ya que el consistorio aporta el 77% de los recursos", y el gerente de Vivienda, Javier Buron, ha asegurado que la Generalitat se ha comprometido a aumentar su aportación en materia de vivienda.
