LLEIDA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Diputación de Lleida, Joan Reñé, ha animado este viernes a los ayuntamientos leridanos a llevar al Tribunals Constitucional (TC) la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local del Gobierno.
El Ayuntamiento de la Seu d'Urgell será el primero de Lleida en tramitar la moción, han asegurado este viernes Reñé y el alcalde del consistorio y diputado en el Parlament de Catalunya por CiU, Albert Batalla.
El consistorio de la Seu d'Urgell, debatirá este lunes la moción que aprobará con toda probabilidad, siguiendo la recomendación del Consejo de Gobiernos Locales de Catalunya.
Reñé ha celebrado este viernes la iniciativa del ayuntamiento del Pirineo de Lleida y ha confiado en que también lo hagan "todos" los ayuntamientos, argumentando que esta ley invade de una forma muy clara las competencias municipales.
Batalla ha insistido en que esta moción la han trabajado varios partidos políticos en todo el Estado y ha considerado que estará muy apoyada porque la ley del PP es "centralizadora y fiscaliza hasta estrangular los entes locales" y además, en su opinión, muestra desconfianza hacia el mundo local.
Batalla ha asistido a la reunión periódica que convoca la Diputación con la participación de los consejos comarcales y los ayuntamientos de capitales de comarca en la que Reñé ha anunciado la creación de un grupo de trabajo para conocer las consecuencias de la ley y evitar las pérdidas de competencias en los pueblos pequeños en favor de la institución provincial.
Formarán ese grupo, además de responsables de intervención y de partidos políticos, los economistas de la Universitat de Lleida (Udl) Ignasi Aldomà y Ramon Morell, autores del estudio sobre la viabilidad financiera que concluye que los ayuntamientos pequeños son eficientes a la hora de dar el servicio a los ciudadanos.
Reñé, en rueda de prensa ha señalado que la nueva ley generará graves dificultades a la prestación de servicios desde los ayuntamientos, y ha afirmado que a fecha de hoy se desconoce el alcance de sus consecuencias.
Según éste, sólo se sabe que los consistorios tendrán que presentar antes de finales de noviembre un informe económico evaluando sus servicios, que el Estado calificará como efectivos o no efectivos con la voluntad de pasar estos últimos a las diputaciones.
Esta circunstancia genera en palabras de Reñé "una gran incertidumbre" a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes --en la provincia de Lleida todos menos el de la capital--.
El presidente de la Diputación ha reiterado que la ley es un "atentado" al principio de autonomía municipal y ha considerado que los servicios se gestionan siempre mejor desde la proximidad.
"Nos tememos que la ley con el criterio de eficiencia acabará eliminando servicios de pueblos pequeños y esta realidad, desde la Diputación no lo permitiremos", ha afirmado.
