BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
ICV-EUiA presentará un centenar de enmiendas a la Ley de Educación de Catalunya (LEC), basadas en garantizar una única red de centros financiados con fondos públicos, tanto públicos como concertados, en que tengan los mismos derechos y obligaciones, así como que el Govern tenga toda la responsabilidad en la garantía de los derechos educativos y para asegurar una concepción moderna y respetuosa de la educación.
En rueda de prensa en el Parlament, la portavoz parlamentaria, Dolors Camats, recordó que la semana que viene termina el plazo para presentar enmiendas, y cifró entre 150 y 200 las que en total presentarán las fuerzas del tripartito.
Pese a que no descartó votar en contra del texto porque "aún tiene muchas carencias", apeló al diálogo para consensuar "al máximo" un contenido que tenga el apoyo político y de la comunidad educativa. Recordó el espíritu que permitió firmar el Pacto Nacional de Educación, y aseguró que han hecho suyas algunas de las enmiendas de las asociaciones que lo avalaron.
Así, insistió en que la LEC debe terminar con la idea de "una doble red de centros que trabajan de forma diferente y con obligaciones diferentes". Por ello, en las enmiendas defienden un servicio "público" de educación, que además de principios se incluya la palabra "obligaciones" para formar parte del Servicio Público de Educación (SPE), y que se dé relevancia y continuidad a los contratos-programa con los centros concertados.
También plantean la homologación de las condiciones laborales de los docentes de la concretada, el reconocimiento del papel de las familias, y asegurar los mismos derechos para las familias de los centros públicos y concertados.
El segundo eje de sus enmiendas pide que el Govern sea el responsable final del sistema educativo mediante la planificación y evaluación pública de la educación, y el control de que todos los centros sostenidos con fondos públicos participen por igual en los objetivos de equidad y excelencia para todos los alumnos.
Reclaman dicha planificación pública, que además de velar se "garantice", igualdad en el acceso a todos los centros del PSE, una agencia de evaluación que dependa del Parlament, el máximo consenso en cuestiones profesionales, y una financiación pública al 6 por ciento.
La dirigente ecosocialista concretó que el Govern debe determinar los criterios de planificación mediante la participación y consulta de todos los agentes de la comunidad educativa, y no sólo en base a algunos, pese a que la Consellería de Educación es quien toma las decisiones en última instancia.
Sobre el tercer punto en los que ICV-EUiA plantea sus enmiendas, relativo a la concepción moderna de la educación, reclama un sistema laico, gratuito, inclusivo, en el que haya equidad en el acceso a las actividades extraescolares, consejos educativos de territorio, una apuesta por la formación profesional y por la formación a lo largo de la vida "como un derecho que no prescribe".
También se refirió a la enmienda de CiU que plantea que se regule por ley el avance del calendario escolar, destacando que no lo ve "imprescindible" aunque se mostró dispuesta a hablarlo. "Si hay suficiente acuerdo para que se ponga, no nos opondremos", aseguró.
