Todos los acusados del caso ITV aceptan el pacto con Fiscalía ante el Tribunal y evitan el juicio por jurado
BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)
El exdiputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol ha aceptado este martes ante el Tribunal del Jurado una pena de dos años y medio de cárcel por cobrar comisiones y usar su influencia política para favorecer a empresarios en el caso del amaño del concurso para obtener estaciones de ITV, y evita así que se celebre el juicio por jurado.
En una vista ante el Tribunal del Jurado, Pujol se ha ratificado en el pacto alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción aceptando una pena de cárcel por tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental, y la magistrada presidente ha afirmado que queda visto para sentencia, que se dictará por escrito en estos términos, en septiembre.
El hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha suscrito un pacto con la Fiscalía, ahora ratificado, en el que consigue que su mujer, Anna Vidal, también acusada, eluda la cárcel a cambio de una pena multa, un acuerdo al que finalmente se han adherido los otros acusados: el exnúmero dos de la Diputación Josep Tous, y los empresarios Sergi Pastor, Sergi Alsina y Ricard Puignou.
Pujol ha pasado solo diez minutos en el banquillo de los acusados en la sala 1 del jurado de la Audiencia de Barcelona y ha aceptado en concreto por tráfico de influencias cinco meses de prisión, una multa 55.000 euros e inhabilitación para ejercer de cargo público en la administración local, provincial, autonómica y estatal por dos años.
Asimismo, ha aceptado ocho meses de prisión por un delito continuado de cohecho y suspensión de empleo y cargo público por un año, y por un delito continuado de falsedad en documento mercantil la pena de un año y cinco meses de cárcel y 21.000 euros de multa.
En un principio, la Fiscalía Anticorrupción pedía cinco años y dos meses de cárcel para el exdiputado, más 310.000 euros de multa por su presunta implicación en el caso ITV, y tres años y cuatro meses para su mujer.
En su calificación inicial, los fiscales Fernando Maldonado y Teresa Duerto acusaban al hijo del expresidente de los delitos de tráfico de influencias, por el que pedían dos años; cohecho, por el que solicitaban un año y dos meses, y falsedad continuada en documento mercantil, por lo que demandaban dos años más.
En declaraciones a los medios a la salida de la vista, Oriol Pujol se ha limitado ha explicar que las declaraciones solo las iba a hacer su abogado, Xavier Melero, quien ha asegurado que su cliente está "aliviado de que todo termine y desolado por cómo termina", tras ser imputado cuando era diputado en marzo de 2013.
FISCALÍA PEDIRÁ QUE INGRESE EN PRISIÓN
Sobre el posible ingreso en prisión de Pujol, que previsiblemente solicitará la Fiscalía puesto que la pena es superior a dos años, Melero ha explicado que el trámite se cumplimentará una vez dictada la sentencia en septiembre: "Se abrirá la ejecutoria y se dará trámite para debatir la suspensión y la sustitución de las penas".
Ha valorado que Pujol será condenado a tres penas que suman 30 meses pero que ninguna supera los dos años por lo que pedirán la suspensión de la pena; "ya que se dan todos los requisitos de la suspensión, que se aplique", ha reclamado.
PENA DE LA ESPOSA
La esposa de Oriol Pujol, Anna Vidal, ha aceptado una pena de 15 meses de cárcel por un delito continuado de cohecho y otro de falsedad sustituibles por una pena de multa de 69.750 euros, además de una multa de 13.500 euros, con lo que en total debe pagar 83.250 euros, cantidades que según Melero ya han sido abonadas tanto en su caso como el de Oriol Pujol.
Por su parte, Josep Tous acepta una pena de cinco meses de prisión por un delito de cohecho a sustituir por una multa de 22.500 euros y la suspensión de empleo y cargo público por dos años.
El empresario Sergi Alsina se ha conformado con una pena de dos años de cárcel y una multa de 103.000 euros por los delitos de tráfico de influencias, delitos de cohecho y cohecho continuado y falsedad documental.
Finalmente, a los empresarios Ricard Puignou y Sergi Pastor se avienen a una condena de cinco meses de cárcel sustituibles por una pena multa de 60.000 euros, además de que el segundo tiene una multa de 55.000 euros.
Además, se ordena el comiso de 311.838,13 euros de dádiva que pagó el empresario Sergi Alsina a Anna Vidal, y de otros 22.000 euros pagados por Sergi Alsina y Ricard Puignou al exnúmero dos de la Diputación.
HECHOS ACEPTADOS
Según los hechos aceptados por los acusados que recoge el pacto con la Fiscalía, en 2011 el entonces secretario general de la Conselleria de Industria Enric Colet nombró a Josep Tous como encargado de solucionar los litigios judiciales suscitados por las concesiones de nuevos lotes de ITV en Catalunya, por una "sugerencia activa" de Pujol, que usó para ello su doble condición de presidente del Grupo Parlamentario de CiU y de secretario general del partido.
El interés de designar a Tous en este cargo por parte de Pujol partía de que se lo había pedido su amigo íntimo Sergi Alsina, para que "favoreciese los intereses privados" de Ricard Puignou en las negociaciones para diseñar el nuevo plan territorial de las ITV que quería impulsar el Govern.
Puignou, para beneficiarse de nuevo concurso de estaciones, pagó una retribución mensual a Sergi Alsina a cambio de sus influencias políticas debido a su amistad con Pujol, y a su vez, Alsina pagaba mensualmente a Josep Tous.
Asimismo, según el plan "urdido y previendo el aumento de estaciones a adjudicar", los acusados Sergi Alsina y Sergi Pastor, liderados por Oriol Pujol, crearon la sociedad Upprime, aunque sus planes se truncaron y no se consumaron al saber a través de los medios que estaban siendo investigados.
En paralelo, entre el año 2010 y 2012, Sergi Alsina, a través de las consultoras Alta Partners y Bersenat hizo de intermediador en varias deslocalizaciones como la de Sharp en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y Yamaha, y la instalación de proveedores de Seat en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), unos procesos en los que intervino Pujol facilitando contactos de altos cargos y beneficiando a los intereses de las empresas representadas por el empresario.
Para "gratificar la labor realizada por el acusado Oriol Pujol", Alsina contrató aparentemente los servicios de su esposa Anna Vidal en concepto de asesoría, que era ficticia, a cambio de retribuciones económicas.
