Calcula que se han destinado 22 millones públicos a promover "un golpe de Estado"
BARCELONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -
Societat Civil Catalana (SCC) y Abogados Catalanes por la Constitución enviarán un requerimiento a los ayuntamientos, consejos comarcales y diputaciones adheridas a la AMI para que anulen su incorporación a la entidad y afirman que acudirán al Tribunal de Cuentas si no se dan de baja, porque destinan "dinero público a fines privados".
El presidente de SCC, José Rosiñol, ha dicho este viernes en rueda de prensa que estos ayuntamientos "se dedican a utilizar este dinero que debería ir a servicios sociales, por ejemplo, para un objetivo partidista".
Junto al vocal de SCC Manuel Miró y al portavoz de Abogados Catalanes por la Constitución, Ramón de Veciana, ha calculado en 22 millones de euros lo que las corporaciones locales han destinado a la AMI desde 2011, cuando se fundó la entidad, para promover lo que tachan de "golpe de Estado".
Según De Veciana, la AMI destinan los recursos públicos que vienen de los ayuntamientos a la "promoción de la rebelión y la sedición", por lo que ha advertido de que los alcaldes, secretarios e interventores locales serán responsables de resarcir las cantidades abonadas desde los 787 consistorios y 52 entidades supramunicipales de la entidad.
Ha reiterado que las cuentas de la AMI son opacas y eluden al control financiero al ser una organización privada: "Tenemos derecho a tener la sospecha de que este dinero se está destinando a finalidades que no cumplen la ley", por lo que pide que se devuelvan las cuotas a las arcas municipales y que se resarzan, si cabe, por parte de los responsables municipales.
SCC sospecha que el dinero de la AMI ha servido para sufragar la estancia del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en el extranjero por la suma de dinero que aseguran que mueve la entidad, aunque no tienen "una prueba concreta".
De Veciana ha recordado que impulsaron la denuncia en el Tribunal de Cuentas contra el expresidente Artur Mas y sus exconsellers Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau, por lo que ha defendido llevar a esta administración las cuentas de la AMI "sin perjuicio de que más adelante se pueda comprobar que existe una responsabilidad penal".
