CEUTA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Sanidad, Servicios Sociales, Menores e Igualdad del Gobierno de Ceuta, Adela Nieto (PP), competente en materia de Consumo, ha remitido este martes un escrito a las tres navieras que operan en la línea entre la ciudad autónoma y Algeciras (Baleària, Acciona y FRS) para exigirles que le remitan cada semana "información referida a las tarifas que aplican a los pasajeros, tanto residentes como no".
Según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, el objetivo de este requerimiento es "supervisar los precios del billete de barco y evitar subidas injustificadas" una vez que ha entrado en vigor, este lunes, el incremento del 50 al 75% en la bonificación estatal al transporte marítimo o aéreo de empadronados en la ciudad autónoma y en el resto de territorios extrapeninsulares.
En su escrito, motivado "por las continuas consultas que está recibiendo el Servicio de Consumo de la Ciudad sobre el asunto", la consejera recuerda a las compañías marítimas que la Administración autonómica "es el órgano competente en la defensa de consumidores y usuarios" y que, por lo tanto, en base al artículo 14.1 del real Decreto 1945/83, está legitimada "para requerir de las compañías datos sobre instalaciones, productos o servicios".
Las tres navieras disponen ahora de un plazo de quince días para comenzar a proporcionar la información, que deberá actualizarse "cada siete días", a la Ciudad Autónoma.
Nieto también advierte en su requerimiento de que hacer caso omiso "podría constituir una infracción administrativa de acuerdo con la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias en materia de protección al consumidor" y conllevar "la apertura del correspondiente expediente sancionador".
Una enmienda del PP a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 ha permitido elevar la bonificación estatal al transporte de los residentes extrapeninsulares, que desde este lunes pagan de su bolsillo la mitad que hasta entonces por pasajes marítimos o aéreos para desplazarse al resto del territorio nacional.
La iniciativa prevé que "dentro del respeto a la normativa comunitaria y al principio de libertad tarifaria" las autoridades competentes en materia de competencia "velarán para que las compañías prestatarias de servicios de pasajeros no establezcan pactos de colusión que incrementos los precios, pudiendo fijar al respecto, cuando razones imperiosas de interés general así lo aconsejen, precios máximos de referencia en aquellas líneas declaradas como obligación de servicio público".
