El trabajador demandaba su readmisión o una indemnización cercana a los 600.000 euros a causa del despido
El 26 de enero de 2015, Gerard Sicart Ponsarnau es despedido de su cargo de director comercial en Sistemas Digitales Catalunya por despido disciplinario, sin derecho a indemnización. No estando de acuerdo con ello, el trabajador decide reclamar a la empresa emprendiendo un proceso judicial.
En un principio, el Tribunal de 1ª Instancia sentenció una indemnización por parte de la empresa de 89.967,33 euros a su ex trabajador. No obstante ambas partes recurrieron dicha sentencia.
SDC alegó, presentando todas las irregularidades, que “el despido se produjo inicialmente al haber detectado que el empleado, valiéndose de su cargo, realizó un uso fraudulento e indebido de un software, quien ordenó su modificación sin autorización y la instalación a 21 clientes, acarreando costes sobrevenidos de desinstalación e instalación y pérdida de reputación por parte de la empresa hacia los clientes, y posibles responsabilidades frente al fabricante”.
Sistemas Digitales Catalunya realizó una investigación interna en la que se detectaron nuevas irregularidades y excesos de autoridad. Algunos ejemplos que se extrajeron fruto del análisis fueron: la realización de acuerdos salariales sin el consentimiento de la empresa, aumento de comisiones, descuentos a clientes, gastos sin justificar y malversación de fondos.
En el procedimiento judicial quedó probado que estos gastos personales los puso a cargo de la empresa, lo que, tal y como sentenció el juez, “supone un quebrantamiento del deber de lealtad y probidad, siendo una irregularidad de carácter grave”.
Por tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya revocó la sentencia interpuesta y declaró la procedencia de su despido sin derecho a readmisión ni indemnización, sentencia que posteriormente también ratificó el Tribunal Supremo.
En 2015, el ex empleado abrió una empresa llamada Soficat Technology S.L, distribuidora de la marca Xerox. Según SDC, “robó todo el sistema informático para aprovechar los datos de clientes, distribuidores y comerciales”. Por ello, finalmente “ha sido imputado por un juzgado de instrucción de Barcelona por un delito de revelación de secretos y obstrucción a la justicia y se enfrenta a una posible pena de prisión”.
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