VALENCIA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma de Afectados por el ERE de Vaersa (AEVA) --que supuso 197 despidos y fue declarado nulo por TSJCV-- y la Federación de Servicios Públicos de UGT-PV han anunciado "acciones legales por vía penal contra todos y cada uno de los cargos que han pasado por la empresa pública", incluidos consellers, como presidentes del consejo de administración, y el ex director general de Medio Natural Alfredo González, en caso de que el Tribunal de Cuentas "confirme los sobrecostes" detectados en cinco encomiendas de gestión.
Así lo han avanzado este miércoles en rueda de prensa los portavoces de la plataforma Manuel Peña y María Jesús Maronda, que han comparecido junto a los secretarios de Administración Autonómica y Justicia de FSP UGT-PV, Gonzalo Fernández, y de Movimientos Sociales, Mari Pau Garcia, para informar de la adhesión del sindicato al manifiesto de AEVA y de las distintas investigaciones abiertas.
Desde AEVA reclaman volver a sus puestos y la dimisión de la actual titular de Infraestructuras y de Alfredo González por el "empobrecimiento" del patrimonio natural valenciano "debido a la nefasta política ambiental del actual gobierno del PP".
Denuncian asimismo el "desmantelamiento" de Vaersa con actuaciones como la compra de vehículos de alta gama que utilizan directivos y que, según Peña, "podrían haber ahorrado entre 100 y 120 despidos". En este sentido, piden al jefe del Consell, Alberto Fabra, que "estudie los verdaderos gastos de Vaersa y determine dónde es necesario un ERE y a quién debe afectar".
Según Fernández, calculan que los sobrecostes podrían superar los diez millones de euros por "imputar a esas encomiendas no sólo la gestión del trabajo, sino las nóminas de gente que sin tener nada que ver con esa encomienda se contrata por ser quien es, amigo de quien sea o familiar de un alto cargo de la empresa".
Ha agregado que la Intervención General de la Generalitat señaló, al respecto, que "se ha contratado con cargo a esas encomiendas a personas para tareas que no tiene por qué hacer Vaersa, sino que su gestión corresponde a empleados públicos de la Generalitat Valenciana y que, por tanto, es innecesaria esa contratación".
"SISTEMA DE TARIFAS ALEJADO DEL COSTE REAL"
En 2011, la Intervención detectó "irregularidades" por pagos con "un sistema de tarifas alejado del coste real de ejecución de las encomiendas" y, a finales de 2013, la Inspección General de Servicios de la Generalitat señaló que esas observaciones respondían al "sistema habitualmente empleado por Vaersa", por lo que la Junta de Personal planteó una denuncia por sobrecostes al Tribunal de Cuentas.
En marzo, un auto del Tribunal de Cuentas señala que, en base a la acción pública planteada y al escrito de Fiscalía, "se aprecian de forma indiciaria unas supuestas irregularidades detectadas en las encomiendas de gestión realizadas por la Conselleria a Vaersa, que podrían haber producido un menoscabo en el erario público".
Además, propone que se nombre a un delegado-instructor para practicar las diligencias necesarias para "aclarar" los hechos y, en su caso, proceder a la cuantificación de la supuesta responsabilidad contable y la fijación de presuntos responsables.
"NO VAMOS A PERMITIR QUE LLEGUE A LA SITUACIÓN DE RTVV"
"No vamos a permitir que esto llegue a la misma situación que Radio Televisión Valenciana (RTVV)", ha recalcado Fernández, quien precisa que las acciones legales incluirían a todos los responsables de Vaersa "desde la fecha en la que el Tribunal de Cuentas reconozca que se producen irregularidades". "No nos vamos a conformar con que reconozca y sancione si corresponde a la administración", advierte.
Así, reivindica que "ya está bien de que en esta comunidad nunca pase nada y el dinero se esfume por arte de magia porque luego vienen los recortes en sanidad, educación y dependencia, pero nadie, ni el presidente de la Generalitat, ejercita ninguna acción para que los responsables de esta situación comparezcan ante la justicia y asuman sus responsabilidades porque esto está hecho deliberadamente".
El representante de FSP UGT-PV reprueba la "situación complicada" que atraviesa la mercantil, "en la que hay responsabilidades civiles, contables, presuntas responsabilidades penales y, además, un ERE declarado nulo por el TSJCV y pendiente de sentencia del Supremo".
TRES MILLONES EN SALARIOS SI TS CONFIRMA NULIDAD
Apunta que, de confirmarse la nulidad del expediente por vulneración de derechos fundamentales, conllevaría "no solamente la readmisión de los trabajadores, sino el abono de salarios desde los despidos hasta la fecha, lo que podría alcanzar otros tres millones".
