Comunitat y Andalucía piden a los partidos que no rechacen "el atajo legal" para evitar el veto al techo de gasto

Reunión consejeros de hacienda de la Comunitat y Andalucía
GVA
Actualizado: miércoles, 19 septiembre 2018 16:43

Reclaman el inicio de las negociaciones políticas para abordar la reforma del sistema de financiación autonómico

VALENCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler, y su homólogo en la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, han pedido a los partidos políticos en las Cortes Generales que no frenen la tramitación de la enmienda introducida por el Gobierno a una ley sobre violencia machista que pretende reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para anular así la capacidad de veto del Senado a la senda de déficit y el techo de gasto.

"Esperamos que los partidos políticos comprendan la importancia de esta cuestión y no prohíban a una administración usar este recurso para mejorar la atención a los ciudadanos. Deben ser mucho mas responsables y permitir esa flexibilidad del déficit", ha señalado Ramírez.

Así se han pronunciado ambos responsables de Hacienda en una reunión en València para abordar cuestión relacionadas con la financiación. En este sentido, ambos han insistido en la necesidad de que comiencen las negociaciones políticas para abordar la reforma del sistema y las CCAA cuenten con los recursos suficientes para poder llevar a cabo sus competencias.

Asimismo, han instado a los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados y el Senado, especialmente al PP, a que no rechacen la senda del déficit para las autonomías, que supone pasar del 0,1% del PIB al 0,3%, lo que se traducirá en 350 millones adicionales para Andalucía y 240 millones para la Comunitat.

En este sentido, el conseller Vicent Soler ha subrayado que la flexibilidad del déficit es una cuestión "fundamental" y ha considerado una "insensatez" que "por razones de partidistas y de crear problemas al gobierno" se quiera rechazar. Así, ha valorado la herramienta que ha utilizado el Gobierno para eludir el veto en el Senado: "Cualquier atajo mientras sea legal me parece bueno", ha destacado.

Ha asegurado que se trata de una cuestión que tiene que ver con los recursos que necesitan las administraciones autonómicas para llevar a cabo políticas para los ciudadanos y que en el caso de las autonomías peor financiadas la falta de recursos obliga a que políticas perentorias como la Sanidad y la Educación tengan "preferencia a la hora de repartir el poco dinero que llega sacrificando otras políticas como las económicas", por lo que la flexibilización del déficit permitiría mayores recursos, ha defendido.

Ramírez, por su parte, ha señalado que, aunque no le corresponde valorar las fórmulas que utiliza el Gobierno, la ve en "un contexto de normalidad parlamentaria dentro de la legalidad" y, en este sentido, ha invitado a revisar los mecanismos que utilizó el PP en pasadas legislaturas para "aprobar las normas que le parecían convenientes". "Esto no es la primera vez que sucede y hay que valorarlo en un contexto de normalidad parlamentaria y dentro de la legalidad", ha insistido.

Además, ha defendido la necesidad de esa flexibilización del déficit que, en el caso de Andalucía supone 350 millones de euros más para gastar en políticas sociales, lo que, según ha estimado, se traduce en la contratación de más de 7.000 sanitarios y 1.000 docentes más.

Por tanto, ha señalado que en el caso de que el Congreso y el senado se opusieran a su aprobación "habría que explicar por qué no podemos usar esos recursos". Además, ha apuntado que el impacto de la infrafinanciación en la región desde 2012 ha sido de 6,5 puntos en el PIB y unos 200.000 empleos.

FRENTE COMÚN POR LA FINANCIACIÓN

Asimismo, ambos han puesto de relieve la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómico. "Hemos cerrado filas para reiterar nuestra ambición de que el nuevo sistema de financiación se acuerde y pacto lo más pronto posible y que se inicie la negociación política ya", ha subrayado Soler, para señalar que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló que habría "un salto cualitativo" al pasar de las negociación técnica a la política al inicio del curso político.

Por su parte, Ramírez ha señalado que aunque los problemas de cada autonomía pueden parecer "divergentes" al final lo que se reclama desde todos los territorios es "un cambio de sistema de financiación que tenga más recursos" y ha recordado que la Comisión de Expertos cifró en 16.000 millones el déficit del sistema. "Queremos un modelo de financiación que no sea unilateral de un solo partido, sino que trascienda a la coyuntura de gobierno y que tengamos estabilidad durante tiempo", ha reivindicado.

Soler también ha reclamado que, mientras las negociaciones se producen, hayan "toda una serie de acciones" para mejorar la financiación, especialmente en las regiones con menores recursos.

Ambos han coincidido en destacar el "cambio de actitud del Gobierno de España". "Ya no hay un muro ni estamos jugando al frontón, sino que hay un diálogo y una atención", ha valorado Soler, para quien "la sensibilidad del Gobierno es evidente y ya no hay palabras, sino hechos".

Para Ramírez, no se tratado únicamente de un cambio de letra en el nombre de los ministro de Cristóbal Montoro a Montero, sino "que ha sido un cambio verdaderamente profundo y de amplío calado" sobre la percepción de las cuestiones que plantean las CCAA.

CONDONACIÓN DE LA DEUDA

El conseller de Hacienda ha insistido en resolver la parte de deuda de la Generalitat generada por la corrupción y la infrafinanciación porque, en caso contrario, será "una mochila llena de piedras".

Insistido por la posición de Andalucía respecto a la condonación de la deuda, el consejero ha señalado que cada autonomía pone encima de la mesa sus problemas para debatirlos entre todos porque "lo que sucede en un lugar no puede ser ajeno a lo que pueda suceder en otro".

Así, ha señalado que "hay que hablar de todas las cuestiones" y "buscar soluciones" porque "es un hecho los problemas de deuda de algunas comunidades autónomas". "Compartimos la idea de que hay que mirar hacía el pasado para que ese pasado no suponga una carga para el futuro existan suficientes recursos", ha considerado.