VALÈNCIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
El PP ha informado este lunes de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha admitido a trámite el recurso que interpuso contra la Oficina Lingüística por vulnerar los derechos personales al "inmiscuirse en las relaciones privadas" y "hacer un registro señalando los buenos y malos valencianos" además de por "invadir" competencias de la administración local o la administración general del Estado como también advierte, ha señalado, un informe de la Subsecretaría de Presidencia y del Consell Jurídic Consultiu (CJC).
El presidente del Grupo Popular en las Corts, Jorge Bellver; la portavoz de Justicia, María José Ferrer San Segundo, ha explicado en rueda de prensa que el alto tribunal les ha comunicado la apertura de plazo para formalizar la demanda y les ha entregado asimismo el expediente administrativo en el que se incluye tanto un informe de la Subsecretaría de Presidencia como otro del Consejo Jurídico Consultivo que coinciden con sus alegaciones.
Al respecto, Ferrer San Segundo ha aclarado que el PP se vio obligado a recurrir a la vía judicial porque "no les hicieron ni caso" por la parlamentaria y argumentaron que no tomaban en consideración sus alegaciones porque eran "un juicio de valor".
Sin embargo, ha explicado que el informe que Presidencia remitió a la Conselleria de Educación "coincide" con las alegaciones principales del PP. Así, este estudio observa "falta de fundamentación legal para las obligaciones que se establecen en relación a las administraciones local y estatal" así como "vulneración del principio de legalidad" derivada de la aplicación de este decreto en el ámbito de las relaciones privadas con la creación de "comisarios lingüísticos".
Además, advierte de la presunción de que las personas objeto de quejas y sugerencias han cometido los actos discriminatorios que se les atribuyen ya que "parece desprenderse una presunción general en favor de la veracidad de los hechos denunciados". Del mismo modo, ha destacado que el informe del Consell Jurídic Consultiu también pide que se suprima la referencia a las personas físicas o jurídicas como sujetos pasivos de las quejas.
EXIGENCIA SOLO EN LO PÚBLICO
Al respecto, Ferrer ha recalcado que esta oficina no puede inmiscuirse en las relaciones privadas y se ha preguntado al respecto cómo en estos casos se puede defender el derechos de los dos interlocutores a no ser discriminado por razón de su lengua y en ese sentido ha recordado que ya hay sentencia Tribunal Constitucional que reconoce que la exigencia de ser contestado en el mismo idioma solo es aplicable en los poderes públicos, pero no privados.
Por su parte, Bellver ha recalcado que mientras "otros se dedican a hablan" el PP "ha sido el único partido político" que ha recurrido esta oficina que quiere "fracturar la sociedad e imposibilitar la tranquila convivencia de los dos idiomas oficiales" de la Comunitat.
Además, ha advertido de que "la delación y denuncia" que promueven entre ciudadanos de momento queda en un expediente administrativo pero "de ahí a un expediente sancionador solo hay un paso".
Asimismo, han recordado que ya existe 'un servei d'ús i drets lingüístics' para potenciar y asesorar sobre el uso del valenciano.
