MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno destinará 1.606,83 millones de euros a la política de vivienda en 2009, lo que supone un incremento del 16,6% respecto al ejercicio precedente, según se recoge en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año.
Dentro de la política de Vivienda, destaca el programa de Promoción, administración y ayudas a la rehabilitación y acceso a la vivienda, que supone casi el 94% del total, y que está dotado en 2009 con 1.510,04 millones de euros y contiene créditos destinados a ejecutar los Planes Estatales de Vivienda.
Además, este presupuesto es consecuencia fundamentalmente de la dotación prevista para atender los compromisos derivados de la aplicación de la Renta Básica de Emancipación, que asciende a 330,75 millones de euros.
Uno de los ejes fundamentales de la política de Vivienda será el fomento de la vivienda protegida, para el que se prevén transferencias de capital destinadas a subsidiar los préstamos convenidos para actuaciones de viviendas protegidas concedidos por las entidades financieras, incluyendo la Ayuda Estatal Directa a la Entrada.
Por lo que respecta al fomento del alquiler, se crearán nuevas ayudas para la construcción de vivienda en alquiler y se mejorarán las destinadas a la promoción.
En este sentido, también se facilitarán transferencias de capital para subsidiar los préstamos para vivienda protegida concedidos por las entidades financieras, así como subvenciones a comunidades autónomas, para que las destinen a los promotores de alquiler.
Asimismo, se incrementarán las líneas creadas para movilizar las viviendas vacías y se cofinanciará la vivienda de promoción pública en alquiler.
RENTA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN.
Dentro de la política de promoción del alquiler, el ministerio de Vivienda continuará con la renta básica de emancipación de los jóvenes, una medida con la que se pretende facilitar el acceso a una vivienda digna y mejorar la movilidad laboral.
En concreto, esta iniciativa está destinada a jóvenes ocupados de entre 22 y 30 años, titulares del contrato de arrendamiento y con ingresos máximos de 22.000 euros brutos anuales.
Las ayudas consisten en una cantidad mensual de 210 euros para el pago del alquiler, una cantidad única de 120 euros si se constituye aval con un avalista privado y un préstamo sin intereses de 600 euros, por una sola vez, reintegrable cuando se extinga la fianza.
Estas ayudas, que pueden recibirse durante un período máximo de cuatro años, se suman a la desgravación fiscal del arrendatario, que tiene carácter general, sin límite de edad, para las personas con rentas inferiores a 24.000 euros netos.
Por otro lado, la dotación presupuestaria de la política de Vivienda incluye iniciativas para problemas específicos como las subvenciones a la remodelación de barrios mediante convenios con las comunidades autónomas y corporaciones locales, y las intervenciones arquitectónicas y de ingeniería en obras de rehabilitación patrimonial.
