MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Popular en el Senado ha rechazado las enmiendas presentadas por PSOE, IU y Entesa Catalana de Progrés a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2015 para prorrogar la vigencia de los alquileres de renta antigua anteriores a 1985.
En la práctica, esto supondrá que unos 190.000 comercios y microempresas, que dan empleo a casi 500.000 trabajadores, según datos de Copyme, podrían tener que afrontar la renegociación del alquiler de sus locales tras décadas de actividad, lo que afectaría a sus márgenes de beneficios hasta el punto de dejar de ser rentables y tener que echar el cierre.
Esta cuestión tiene su origen en la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994, que impuso una moratoria para la finalización de los locales arrendados bajo el auspicio de la ley correspondiente de 1964.
La moratoria era por un plazo de 20 años a contar desde la entrada en vigor de la actual Ley, todo ello atendiendo a las especiales dificultades económicas que entonces se producían y que afectaban de manera particular a los sectores de servicios y comercio minorista. Los PGE para 2015 ponen fin a la vigencia de este régimen de renta antigua a partir del próximo 1 de enero de 2015.
El PSOE ha propuesta en su enmienda aplazar el fin de la moratoria durante cinco años para sortear la crisis y promocionar el sistema de mediación y arbitraje a través de las comunidades autónomas, con el fin de resolver en el más breve plazo posible la mayoría de los casos de una forma equilibrada entre los intereses de los propietarios e inquilinos.
Por su parte, Entesa Catalana de Progrés registró otra enmienda en la disrección de los socialistas e IU hizo lo mismo, si bien instaba a prorrogar este régimen hasta que la tasa de paro descienda del 12%.
¿CAMBIARÁ LA FISONOMÍA DEL PEQUEÑO COMERCIO?
Una de las organizaciones que más ha alertado de esta situación ha sido la Confederación General de las Pequeñas Empresas y Medianas Empresas del Estado Español (Copyme), que se ha reunido con los grupos parlamentarios para que intercedan y logren una prórroga de los alquileres de renta antigua de entre cinco y 10 años.
"Se trata de un desahucio autorizado por una ley que pone el contrapunto en el libre mercado", señala un portavoz de la organización a Europa Press, que ahonda en que esta medida es especialmente dañina, puesto que afecta a empresas de más de 20 años que ya están consolidadas y que cuentan con puestos de trabajo estables.
En algunos casos, esta decisión llevará a que alquileres de 4.500 euros anuales asciendan a los 15.000 euros, haciendo que los negocios ya no sean rentables, aseguran desde Copyme.
Además, según explica, no sólo afecta a comercios tradicionales, lo que podría cambiar la "fisonomía y las relaciones en las ciudades", sino a muchos otras actividades como dentistas, despachos de abogados o profesionales autónomos del campo.
Copyme ha puesto como ejemplo el de un comerciante madrileño que regenta un local cuyo propietario reside en Barcelona. Las partes no han alcanzado un acuerdo sobre la nueva renta del local y el comerciante tendrá que cerrar las puertas. "Tiene cinco trabajadores que se van a ir a la calle", concluyen desde la organización.
Por su parte, una encuesta realizada por el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de Madrid entre sus colegiados señala que un 74,2% cree que los contratos de los locales comerciales no se van a extinguir y sólo un 25,8% cree que los propietarios exigirán una renta de mercado a la hora de renovarlos.
