MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -
Una apuesta más decidida por la biomasa, en un escenario con un rediseño del sistema de incentivos para el sector, permitiría alcanzar en el horizonte de 2021 unos beneficios de esta tecnología para España de casi 2.150 millones de euros, según el informe 'Balance socioeconómico de las Biomasas en España' elaborado por la consultora Analistas Financieros Internacionales (AFI) para Unión por la Biomasa.
En rueda de prensa para presentar el informe, el presidente de APPA Biomasa, Jordi Aguiló, destacó que esta tecnología juega "un rol esencial reduciendo las emisiones de CO2 directas y también difusas", por lo que se trata de un recurso que "España no se puede permitir no maximizar".
En concreto, la biomasa generó en 2017 un balance socioeconómico y medioambiental positivo de 1.323 millones de euros, como diferencia entre la aportación a las arcas públicas y ahorros medioambientales (emisiones de CO2 y prevención de incendios) y la retribución específica percibida por la actividad.
Según el estudio, estos ahorros podrían aumentar a 2021 hasta los 2.147 millones de euros, con un incremento de 824 millones de euros respecto a la cifra actual, si se impulsa a esta tecnología, tanto térmica como eléctrica, mediante un rediseño del sistema de incentivos para el sector, con un incremento de 173 millones de euros.
Este escenario de evolución de la biomasa en el país, basado en los objetivos del Plan de Acción de Energías Renovables 2011-2020, implicaría aumentar 550 megavatios (MW) de biomasa eléctrica, con una inversión de unos 1.600 millones de euros, y 800 ktep de biomasa térmica.
Además, con este rediseño de los incentivos para el sector se podrían crear 12.596 empleos, hasta los 45.541 puestos de trabajo, derivados tanto de la operación y mantenimiento de las plantas, como de la construcción de nueva potencia.
MEDIDAS PARA IMPULSAR LA BIOMASA.
Para alcanzar estos objetivos, el sector considera que la apuesta por la biomasa en España "no debe demorarse más" y deben implementarse políticas que permitan su "despegue".
Entre estas medidas, destaca el establecimiento "con urgencia" de un marco normativo específico que, adicionalmente a la consideración de energía renovable, reconozca las singulares aportaciones sociales, económicas y medioambientales que esta energía limpia genera en los sectores agrícola, ganadero y forestal, en especial su singular capacidad de creación de empleo y los ahorros que induce en compra de emisiones difusas de GEI y en prevención de incendios forestales.
Además, subraya que el mercado de producción energética no puede basarse en criterios "exclusivamente de coste marginal de producción", ya que resulta fundamental que los agentes decisores no confundan el 'valor' con el 'precio', y pide que, en caso de mantener el sistema de subastas, su diseño debería orientarse hacia un modelo de diferenciación por tecnologías para permitir el desarrollo de instalaciones de biomasa, biogás y fracción orgánica de residuos municipales (FORM).
En este sentido, Aguiló consideró "esencial" no confundir el coste de producción con el precio y subrayó el papel que podría jugar la biomasa para "sustituir a las centrales térmicas de carbón, que son grandes emisoras de CO2".
También, el sector cree que debe permitirse que las instalaciones que ya están en funcionamiento de biomasa, que puede ser un valor coadyuvante "clave" para la transición energética al contar con un balance neutro de CO2, produzcan el número de horas máximo para el que fueron dimensionadas (más de 8.000 horas/año), para lo cual debería mantenerse la percepción de retribución a la operación (Ro) a partir de las 6.500 horas.
A este respecto, la gerente de la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE), Patricia Gómez, pidió al nuevo Gobierno "un mayor apoyo" para usar el recurso que supone la biomasa, para que "pueda generar beneficio y empleo", así como "un nuevo modelo de subastas y un nuevo modelo regulatorio y retributivo".
Mientras, el presidente de Asaja, Pedro Barato, subrayó el "valor añadido de territorio, de empleo o de medioambiente" que supone la biomasa, que representa un abanico de oportunidades profesionales, especialmente en zonas rurales con riesgo de despoblamiento.
La biomasa anualmente contribuye al medioambiente en alrededor de 334 millones de euros, como mínimo, por el CO2 evitado (por sustitución y vertido), así como en 150 millones de euros por el ahorro en prevención y extinción de incendios.
Asimismo, actualmente el sector de la biomasa emplea de manera directa, indirecta e inducida a cerca de 33.000 personas, aportando el 0,28% del PIB español y el 0,9% de los recursos de la Administración General del Estado (AGE).
