MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -
La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu) pidió hoy al Ministerio de Industria que "aclare" el funcionamiento del nuevo bono social eléctrico y anunció el lanzamiento de una campaña para informar a los consumidores acerca de la liberalización en julio de buena parte del suministro.
Sobre el bono social aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros, Ceaccu reitera sus "serias dudas" acerca de que, como defiende Industria, la medida beneficie a cinco millones de hogares.
La asociación cree que en este cálculo se han incluido 4,5 millones de puntos de suministro con potencias inferiores a 3 kilovatios (kW) susceptibles de corresponder a la tarifa social, cuando entre estos puntos de suministro también pueden figurar garajes, trasteros, cobertizos y segundas residencias no acogidos a esta modalidad.
Ceaccu recuerda que es "muy difícil" que una primera vivienda consuma menos de 3 kW y duda de que haya catorce millones de potenciales beneficiarios de este bono. Más bien, entiende que Industria ha llegado "artificiosamente" a este número al multiplicar el número de hogares susceptibles de acceder a la reducción por su número de miembros.
Ceaccu también critica el "contraste" entre la precisión con la que se contabiliza la parte del acuerdo del déficit que beneficia a las empresas y la "incertidumbre" en torno a las cifras del "beneficio que supuestamente obtendrán los consumidores".
Además, pide al departamento dirigido por Miguel Sebastián que aclare qué condiciones deben cumplir las familias numerosas para acceder al bono social, y dónde deben dirigirse, a la vista de que las oficinas de atención al usuario están desapareciendo.
CAMPAÑA INFORMATIVA.
La campaña lanzada por Ceaccu pretende anticiparse a los problemas que surgirán a partir del 1 de julio con la desaparición del suministro eléctrico a tarifa y su sustitución por un suministro en exclusiva por parte de las comercializadoras.
Antes de esa fecha, recuerda, más de 22 de millones de consumidores se verán en la obligación de elegir el comercializador que deseen que les preste este servicio, así como de optar entre el mercado libre y la nueva Tarifa de Último Recurso (TUR).
