MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados rechazó hoy dos proposiciones no de ley del Partido Popular en las que esta formación proponía que el Gobierno otorgue a las organizaciones de consumidores y usuarios el papel de "interlocutores preferentes" a la hora de fijar los incrementos de la tarifa eléctrica, y consensuar con ellos las actuaciones para hacer frente a la escalada de los precios de los carburantes.
Sólo CiU apoyó la propuesta del PP, mientras que el resto de grupos se abstuvieron, con lo que los votos del PSOE bastaron para tumbar ambas iniciativas en un debate que tuvo lugar el mismo día que la Mesa y los Portavoces de la Comisión de Sanidad y Consumo se reunió con la presidenta del Consejo de Consumidores, Francisca Sauquillo.
En los exposiciones de motivos de ambas iniciativas de que, en un contexto de repunte de la inflación y de incremento del paro, las subidas del precio de los carburantes y del precio de la luz "no son simples datos con los que se pueda frivolizar", sino que afectan gravemente a la capacidad adquisitiva de las familias, poniendo "en juego" su bienestar.
En el caso concreto de la tarifa eléctrica, el PP proponía que se refuerce la representación de las organizaciones de consumidores en el Consejo Consultivo de la Electricidad de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), par que el Ejecutivo "deje de ser impermeable" a las "demandas y necesidades" de familias y consumidores en general.
EL PODER ADQUISITIVO DE LAS FAMILIAS.
Asimismo, los 'populares' pretendían instar al Gobierno a establecer las "negociaciones necesarias" con las instancias correspondientes de la Unión Europea, para fijar un "periodo transitorio de adaptación" de las directivas europeas relativas a tarifas energéticas.
Además, incidían en la necesidad de revisar "de forma inmediata" la normativa que regula el análisis de costes y los criterios establecidos para fijar los precios de la energía eléctrica, con el fin de evitar que, "en plena crisis económica", sus incrementos erosionen "aún más" el poder adquisitivo de las familias.
