MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha advertido que tanto el Gobierno como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vigilarán "muy de cerca" cómo las eléctricas repercuten en la factura de la luz la suspensión durante seis meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobada la semana pasada por el Ejecutivo dentro de un paquete de medidas para hacer frente a la espiral alcista en el precio de la luz.
"Habrá que seguirlo de cerca. No me parece que sea razonable pensar que las eléctricas no son conscientes que todo el mundo va a tener los ojos encima de ellas y que esto habrá que vigilarlo también muy de cerca a través de las autoridades competentes en la vigilancia del comportamiento del mercado eléctrico y de traslación de precios", indicó Ribera en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.
Junto a la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el Ejecutivo del PP, el Gobierno acordó también introducir una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos para desactivar el denominado 'céntimo verde', medidas que el Ejecutivo estima que tendrán un impacto en la factura de la luz del 4%.
Ribera reconoció que las medidas adoptadas por el Gobierno son "más paliativas que estructurales" de cara a la llegada del invierno y que "lo fundamental" pasa por abordar una reforma estructural y ver cómo el sistema fiscal tiene que mandar las señales adecuadas a todos los actores del sector.
Así, señaló que el nuevo bono social eléctrico "reforzado" y el bono térmico aprobado por el Gobierno es un ejemplo de "respuesta solidaria" con los ciudadanos vulnerables, aunque subrayó que se requiere de "una reflexión a fondo, y por eso nos hemos dado seis meses".
"Ha llegado la hora de cambiar las cosas, de actualizar nuestro modelo a esas necesidades de fondo, que están llena de oportunidades para la industria como para los ciudadanos, pero que requieren una solidaridad y un marco regulatorio diferente", dijo.
PREVÉ QUE SE CONVALIDE EN EL CONGRESO EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS.
Así, la ministra para la Transición Ecológica prevé que este real decreto-ley que amplía la cobertura del bono social a los consumidores vulnerables, sea convalidado en el Congreso de los Diputados "en las próximas semanas". "Y quien no esté dispuesto a convalidarlo, que explique qué es lo que le molesta o que es lo que no le gusta", añadió.
Respecto a la financiación de ambos bonos sociales, Ribera indicó que, en el caso del eléctrico, se tomó la decisión "práctica" de mantener el sistema existente de que sea asumido por las comercializadoras eléctricas.
En el caso del nuevo térmico, señaló que en un primer momento se planteó hacerlo a través del sistema gasista, aunque, al comprobar que había muchas familias vulnerables que no tenían gas en sus casas, se optó por la fórmula de ayuda en una especie de cheque que fuera aportada por los Presupuestos Generales del Estado (PGE), "en un esfuerzo adicional durante este invierno hasta tener bien diseñada esa estrategia de solidaridad en materia de calefacción".
SOLIDARIDAD EFICAZ CON QUIEN MÁS LO NECESITA.
La ministra también dejó claro que la solidaridad tiene que "ser eficaz con quien más lo necesita", por lo que abrió la puerta a revisar los criterios actuales para que la renta sea el elemento determinante para percibir la ayuda.
"Existe una limitación con respecto a las rentas de las familias para ser beneficiario para todas las categorías menos para las familias numerosas, por lo cual puede darse el absurdo de que familias numerosas con un nivel de renta muy alto puedan ser potencialmente beneficiarias, mientras que familias monoparentales con unos ingresos muy modestos queden excluidos. Todo esto hay que abordarlo de fondo y a futuro", dijo.
