Fueron imputados por la Sala de lo Penal tras el reiterado rechazo del instructor, que les deja ahora fuera del banquillo
MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -
La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que ejerce la acusación popular en el caso Bankia, ha anunciado a Europa Press su intención de recurrir el auto por el que el instructor del caso, el juez Fernando Andreu, concluye su investigación y procesa a un total de 30 exdirectivos de Bankia y Banco Financiero y de Ahorros, S.A. (BFA) por la salida a Bolsa de la entidad.
Quieren que esta lista se amplíe con las excúpulas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y del Banco de España que validaron la viabilidad del grupo para su salida a Bolsa en julio de 2011, ya que los responsables de estas entidades han quedado finalmente fuera de la causa.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 rechazó de forma reiterada a lo largo de la instrucción imputar en esta causa tanto al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez como al exvicepresidente y responsable de la comisión reguladora Fernando Restoy y al expresidente de la CNMV Julio Segura.
No obstante, la acusación popular recurrió y la Sala de lo Penal ordenó el pasado mes de febrero que se les citara como investigados junto a los también responsables del Banco de España Pedro Comín, Mariano Herrera García-Cantauri, Pedro González, Jerónimo Martínez Tello y Javier Arístegui. Ninguno de ellos figura este jueves en la lista de procesados en la causa y la CIC quiere que la Sala vuelva a incluirlos como responsables penales del fraude.
Para desimputarles, Andreu argumenta en su auto que la acusación popular no ha explicitado el criterio que ha seguido para atribuir responsabilidad penal a los miembros de ambas instituciones, cuando fueron órganos colegiados (el Consejo Rector de la CNMV y la Comisión Ejecutiva en el Banco de España) los que adoptaron las decisiones controvertidas.
Sin embargo la acusación popular solo solicitó la imputación de los presidentes y vicepresidentes de ambas entidades y no al resto de los miembros de esos respectivos órganos de gobierno.
En el caso de la CNMV, el juez explica que su labor era la de adoptar las medidas necesarias legalmente establecidas para la protección de los inversores y no parece razonable --señala Andreu-- exigirle que constatara por sus propios medios que los estados financieros incluidos en el folleto y avalados por el auditor representasen la imagen fiel de la entidad.
Respecto al Banco de España, el juez reitera que no fue decisión suya la salida a Bolsa, aunque no se opusiera a ella y que no ha participado en la ficción de aparentar solvencia donde no la había.
Considera, además, Andreu que esa decisión de salir a Bolsa, autorizada por los órganos de administración de estas dos entidades, es una decisión perfectamente legítima "y que no por lo errónea que finalmente hubiera podido ser, deba ser objeto de una investigación en sede penal" y ello --continúa el magistrado-- "por cuanto en este procedimiento no se investiga si la decisión de salida al parqué de la entidad fue acertada o, como premonitoriamente indicaba el inspector del Banco de España, don José Antonio Casaus, errónea"
RAZONES DEL CIC
Las acusaciones consideran, sin embargo, que los cuatro correos electrónicos de Casaus que fueron aportados al sumario demuestran el "perfecto y cabal conocimiento" que la jefatura del Banco de España tenía "sobre la verdadera situación patrimonial de BFA-Bankia y sobre las graves consecuencias que iba a ocasionar la operación de salida a Bolsa de la entidad".
Comín fue el receptor de los correos electrónicos enviados entre los meses de abril y mayo por el inspector del Banco de España José Antonio Casaus --quien prestó declaración en calidad de testigo el pasado 5 de septiembre-- y que cuestionaban la viabilidad de la entidad nacionalizada por sus "muy graves y crecientes problemas de rentabilidad".
Dichas comunicaciones, que fueron adheridas a la causa por petición de la CIC y que vinieron a confirmar la versión expuesta ante el magistrado por parte de Casaus, "no solo desaconsejaba encarecidamente la OPS sino que expresaban reiteradamente sobre la inviabilidad de la estructura diseñada para la salida a Bolsa y sobre el importantísimo quebranto patrimonial que se iba a causar a preferentistas".
