MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno confía en que los cambios incluidos en el decreto ley de Medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial conlleven una mejora de los ingresos públicos a través del mantenimiento de un mayor número de compañías solventes, además de un ahorro gracias al "alivio" que experimentará la carga del sistema judicial al evitarse procedimientos concursales.
Así lo reconoce en la memoria de impacto que acompaña al decreto ley, a la que ha tenido acceso Europa Press y en la que el Ejecutivo señala que este decreto ley permitirá "aumentar el número de empresas verdaderamente viables que logren retomar la senda de la estabilidad mediante la reestructuración de su deuda" así como "preservar su valor en el mercado y, de esta manera, proteger puestos de trabajo".
Aunque el documento no incluye una cuantificación del número de empresas que podrían verse beneficiadas por esta "flexibilización" de los procesos concursales, sí se recuerda que el número de concursos registrados en España ha aumentado "exponencialmente" en los últimos años, pasando de 819 concursos en 2003 a los 9.310 que hubo el ejercicio pasado.
Pese a ello, las suspensiones de pagos siguen siendo muy inferiores con respecto a las que se dan en otros países --en 2012 hubo 11.024 en Italia, 28.297 en Alemania y 46.327 en Francia, frente a 7.540 en España--, fundamentalmente porque más del 90% de los procedimientos concursales concluyen con la liquidación, lo que "conduce a muchas empresas a recurrir a procedimientos de liquidación informales o a posponer la declaración hasta el momento en que su situación patrimonial no resulta ya viable".
INCENTIVAR ACUERDOS NO JUDICIALES
Para evitar estas situaciones, se proponen una serie de medidas de "flexibilización" de los procedimientos preconcursales, que es cuando realmente se puede llegar a acuerdos para salvar a la empresa, "en la línea" de las reformas que ya emprendió el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, dice el Gobierno.
Así, sin causar distorsiones de la competencia ni aumentar o disminuir las cargas administrativas, se persigue lograr una "reasignación más eficiente de los recursos mediante el fomento de la rápida liquidación de las empresas inviables" y de los acuerdos de reestructuración extrajudiciales, lo que a su vez aliviará la carga que soportan los tribunales mercantiles y reduce los costes.
Con todo ello, se espera un impacto presupuestario "positivo" ya que al conseguirse mantener más actividad económica y mayor número de empleos se incrementará la base sujeta a tributación, produciéndose así un "repunte en el volumen de ingresos públicos". Según indicó el Ministerio de Economía tras aprobar el decreto ley, se espera que la deuda empresarial se reduzca un 10% respecto del 130% del PIB en el que está situada actualmente.
El titular de Economía, Luis de Guindos, defenderá este jueves ante el Pleno del Congreso la convalidación del decreto ley.
