Álvarez de Miranda recuerda las diligencias judiciales y fiscales abiertas contra la Fundación Tripartita por "irregularidades"
MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha advertido de la "muy limitada" capacidad recaudatoria mostrada por la Agencia Tributaria (AEAT) entre 2012 y 2013 con el embargo de cajas, y ha criticado también el escaso número de expedientes sancionadores abiertos en ese periodo ante requerimientos de pago sin respuesta.
Álvarez de Miranda ha comparecido este jueves ante la Comisión de Relaciones con el Tribunal de Cuentas del Congreso para presentar una treintena de informes de fiscalización aprobados por el organismo durante los últimos años.
Entre otros, ha destacado dos sobre la actividad de la Agencia Tributaria para el cobro efectivo de las deudas fiscales, correspondientes a los años 2012 y 2013, cuando sólo se recaudaron 2 millones de euros de los 319 millones que se pretendía conseguir a través del embargo de cajas de seguridad.
Por eso, reclama más medios humanos y materiales dedicados a la recaudación porque los porcentajes de cobro son "bajos" y la Agencia Tributaria debe "incrementarlos".
MÁS APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS
Además, ha lamentado que "a pesar del elevado número de requerimientos sin respuesta el número de expedientes sancionadores abiertos a las entidades colaboradoras fue únicamente de dos en cada ejercicio".
En cuanto a los aplazamientos y fraccionamientos, el Tribunal constata una mejora notable del plazo de resolución automatizado a pesar del incremento de cerca de un 6% de los casos. Además, destaca que el 64% de las deudas aplazadas en 2012 y el 56% de las del ejercicio siguiente se habían ingresado a 1 de agosto de 2014.
Por contra, los deudores declarados fallidos aumentaron un 43% de un año a otro, y muchos de los millones de euros que se habilitaron en esos años volvieron a ser considerados fallidos menos de doce meses después.
Álvarez de Miranda también ha señalado que de los 7.659 lotes procedentes de enajenaciones de bienes que salieron a subasta sólo 662 (9%) fueron adjudicados mientras que el 73% de los 2.466 restantes fueron asignados de manera directa por menos de la mitad de su valor. De hecho, dos personas se llevaron el 23% de esos lotes.
DEMASIADA SUBCONTRATACIÓN EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN
Por otra parte, el presidente del Tribunal ha criticado que las funciones de organizaciones empresariales y sindicales no garantizan los principios de concurrencia, objetividad, transparencia e igualdad en relación con las subvenciones públicas para los planes de formación que reciben, ya que subcontratan gran parte de estas actividades, convirtiéndose en "meros intermediarios".
No obstante, Álvarez de Miranda ha reconocido que si el sistema fuera "caro pero proporcionara empleo, bienvenido". "El problema es que el porcentaje de personas que recibieron formación y encontraron empleo es bajo", ha señalado, opinando que el sistema de formación para el empleo "tiene que cambiar", tal y como también admiten responsables de diferentes partidos políticos.
En cualquier caso, ha señalado que las "irregularidades" detectadas en la Fundación Tripartita "no se quedan en papel" sino que hay abiertos varios procedimientos en la sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas y también se han realizado peticiones de responsabilidad penal por diferentes supuestos de prevaricación, malversación y pago de retribuciones en exceso ante la Fiscalía de Madrid y se han trasladado a la Agencia Tributaria peticiones en el ámbito de la responsabilidad fiscal en relación con pensiones de jubilación.
Por otra parte, ha señalado que la Fundación Escuela de Organización Industrial incumplió la normativa en 2010 al no negociar las condiciones de los contratos adjudicados mediante procedimiento simplificado, no determinar el precio y el número de prestaciones en ciertos contratos, o permitir prácticas contrarias a la libre concurrencia y la objetividad de la adjudicación. Además, incluyó en su cuenta justificativa cursos que fueron anulados.
OTROS INFORMES
Álvarez de Miranda se ha referido también a un informe sobre la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) en 2008, cuando la documentación contable no recogió una dotación de 1,1 millones de euros devengados de la compensación a abonar al presidente y a los consejeros de la entidad y que había que provisionar para cuando cesasen en su cargo.
Por otra parte, la Comisión abonó 3.000 euros por productividad a un asesor económico correspondientes a los objetivos de todo un ejercicio a pesar de que apenas había prestado servicios dos meses.
También en 2008 --cuando comenzaba la crisis económica-- la CNC incrementó los complementos específicos de 48 puestos de trabajo, haciendo que la posterior subida salarial prevista en los Presupuestos de 2009 se elevara a un 21% en lugar del 15% que hubiera correspondido.
En cuanto a la Agencia para el Aceite de Oliva, el Tribunal de Cuentas lamenta que no se hiciera un seguimiento de las sanciones propuestas a las comunidades autónomas, que en general acabaron siendo "muy inferiores" a lo propuesto por dicho organismo público.
Ante las críticas de varios grupos parlamentarios por la falta de seguimiento de las recomendaciones que el Tribunal de Cuentas hace en sus informes de fiscalización, Álvarez de Miranda ha reconocido que para este año se está estudiando la posibilidad de poner en marcha algún sistema "rápido" de seguimiento que no implique tener que repetir auditorías.
