MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -
El PP considera que la solución que el Gobierno ha dado a los jubilados retornados que estaban siendo sancionados por la Agencia Tributaria (AEAT) por no declarar sus pensiones extranjeras es suficiente, y rechaza las pretensiones del Bloque Nacionalista Galego (BNG) de ir más allá y eximirles incluso del pago de su tasa tributaria.
Así lo ha señalado este miércoles el diputado 'popular' Celso Delgado durante el debate, en el Pleno del Congreso, de una moción presentada por los nacionalistas gallegos sobre este tema, a resultas de la interpelación realizada al respecto la semana pasada al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Un texto que, no obstante, no será votado hasta este jueves.
Delgado ha recordado la decisión del Ejecutivo de incluir en el proyecto de ley de reforma del IRPF --actualmente en tramitación parlamentaria-- una disposición para que los pensionistas retornados puedan acogerse a una regularización extraordinaria entre el 1 de enero y el 30 de junio el año pasado, sin que se les puedan aplicar sanciones o recargos.
MUESTRA DE SENSIBILIDAD
De hecho, incluso se les devolverán las cantidades adicionales que ya hubieran pagado --lo que se cifra en unos 20 millones de euros-- y se facilitarán los aplazamientos o fraccionamientos para quienes tengan dificultades de pago.
"Celebramos que el Gobierno de Mariano Rajoy y de Montoro sea sensible y haya incorporado esta disposición en la reforma tributaria. Vemos una evidente muestra de sensibilidad social y capacidad de reacción ante los problemas, y no de enrrocamiento", ha añadido el diputado gallego, recordando además que tanto el PP como algunas instituciones gobernadas por los 'populares', como la Xunta de Galicia, "empujaron" desde el primer momento para dar una solución a esta situación.
En cualquier caso, y pese a reconocer que "no había intención de defraudar sino desconocimiento" de las normas tributarias por parte de unas personas mayores y que habían vivido muchos años en el extranjero, Delgado no cree que se pueda eximir a estos contribuyentes del pago de la cuota tributaria, ya que eso "rompería el principio constitucional de igualdad" porque "no hay dudas sobre la obligación de tributar por las pensiones extranjeras".
Además, ha asegurado que la Agencia Tributaria ya ha paralizado todos los expedientes administrativos y que se ha optado por la autoliquidación en lugar de la devolución de oficio, pero con "la suficiente y debida campaña de información para que a ningún afectado le pase desapercibido su derecho". Por eso, ha rechazado la moción y ha emplazado al BNG a presentar sus propuestas como enmiendas a la reforma tributaria.
SE HA COMETIDO UNA "GRANDÍSIMA INJUSTICIA"
La portavoz parlamentaria del BNG, Olaia Fernández Davila, ha insistido en que los jubilados retornados que no declararon sus pensiones en el extranjero no son defraudadores, sino ciudadanos perjudicados por una mala información de la Agencia Tributaria.
Por eso, ha pedido la "paralización inmediata" de los expedientes sancionadores que, asegura, la Agencia Tributaria "continúa tramitando"; modificar la normativa para "resolver la ambigüedad" sobre la tributación de las pensiones públicas de otros países con los que España tiene firmado un convenio de doble imposición, siguiendo el criterio de las sentencias judiciales; no obligar a tributar por estas pensiones con carácter retroactivo porque sería una "grandísima injusticia", y devolver de oficio a todos los emigrantes retornados las sanciones e intereses de mora ya abonados.
El portavoz adjunto de Economía del PSOE, Antonio Hurtado, ha lamentado el "sufrimiento gratuito" generado a estas personas. "Ha habido hasta suicidios en este país. ¡Qué vergüenza siento!", ha proclamado, recordando que a otros que "sí eran defraudadores y no se sabe el origen de sus deudas" se les ha "amnistiado".
Además, ha pronosticado que la "rectificación parcial y claramente insuficiente" realizada por Hacienda costará más de 60 millones de euros a las arcas públicas, el triple de lo señalado por el ministro Cristóbal Montoro, y ha exigido que la devolución se realice de oficio para no "molestar" más a estos ciudadanos, que se merecen una "reparación moral".
Por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Ricardo Sixto ha aplaudido la iniciativa, que permite al Pleno del Congreso dar "un pronunciamiento" sobre un tema de gran importancia y al respecto del que ya se ha debatido en diferentes ocasiones, al margen de que el Gobierno ya haya tomado medidas al respecto, y ha defendido su voto favorable por compartir las pretensiones del BNG.
NO SE PUEDEN HACER EXCEPCIONES
Álvaro Anchuelo ha recordado que UPyD siempre ha defendido la necesidad de no "castigar injustificadamente" a unos emigrantes retornados que no eran defraudadores, pero no comparte que se les exima de cumplir la normativa tributaria. Por eso, rechaza las peticiones del BNG y se limita a reclamar que se devuelvan de oficio las sanciones ya abonadas, dado que el resto de peticiones sobre facilidades de pago y no imposición de recargos ya han sido incluidas en la reforma tributaria.
En la misma línea, Toni Picó, de CiU, también valora que finalmente vaya a haber un voto del Pleno sobre este asunto, cosa que no había sucedido hasta ahora. Con respecto a la postura de los nacionalistas catalanes, ha recordado que las pensiones extranjeras no se declaraban hasta ahora, lo que justifica la falta de información de los afectados, por lo que comparte la mayor parte de la moción, salvo lo relativo a eximir del pago de la deuda tributaria correspondiente.
El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, rechaza que se absuelva a los pensionistas retornados de pagar las cuotas tributarias que les corresponde, porque sería "discriminatorio" hacia el resto de jubilados, pero sí apoya que se les facilite el pago de sus deudas, que se les devuelvan de oficio las sanciones y recargos ya abonados o que se clarifique la ley. No obstante, dado que este tema recae en el régimen foral, los nacionalistas vascos han optado por la abstención.
