La Cámara Baja aprobará la norma dentro de un mes
MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso escuchará el próximo martes a representantes de varias asociaciones empresariales y organismos públicos, entre ellos el presidente de la patronal constructora Seopan, David Taguas, el la patronal de pequeñas empresas Cepyme, Jesús Bárcenas, así como al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, antes de empezar a debatir la reforma de la Ley de Morosidad impulsada por CiU, que plantea un plazo máximo de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días en el caso de las administraciones públicas.
Según informaron a Europa Press en fuentes parlamentarias, tras la constitución hoy de la Ponencia para debatir la norma los portavoces acordaron convocar a varios directivos de organizaciones, entre los que destacan el presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Javier Gómez-Navarro, el presidente la Confederación de Cooperativas Agroalimentarias, Fernando Marcén; el presidente de la Asociación Española de Empresas de Productos de Marca (PROMARCA), Ignacio Larracoechea, y el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de la Construcción (CEPCO), Luis Rodulfo Zabala.
Una semana después de estas comparecencias, el 16 de marzo, tendrá lugar la reunión de la Ponencia, que será el primer filtro para las enmiendas al proyecto de ley y supondrá la prueba de la voluntad de PSOE y CiU de alcanzar un acuerdo sobre una iniciativa que sólo se desbloqueó tras negociaciones directas entre el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, con su homólogo socialista, José Antonio Alonso, en las que llegó a participar el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Como primer gesto, CiU retiró el recurso presentado ante la Mesa de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio contra las enmiendas del PSOE a la proposición de ley, que los nacionalistas catalanes consideran una "jugarreta malintencionada y perniciosa" que busca allanar el camino a la "iniciativa propagandística" de la Ley de Economía Sostenible.
Así, los socialistas pidieron en un principio la eliminación de todos los artículos del texto de CiU salvo dos, que proponen modificar para que se limiten a instar al Gobierno a presentar en el plazo de tres meses sendas reformas de la Ley de Contratos del Sector Público y de la propia Ley contra la Morosidad.
DEBATE "EN PARALELO" CON LA DIRECTIVA EUROPEA
Aunque no han retirado estas enmiendas, la voluntad del PSOE ahora es "compaginar" la negociación "en paralelo" de esta iniciativa con la elaboración de la nueva Directiva Europea de Morosidad --que prevés que se apruebe antes del verano-- y con la futura Ley de Economía Sostenible, que también recoge medidas en este ámbito.
En cualquier caso, no será hasta dentro de un mes, el próximo 23 de marzo, cuando la Comisión del Congreso debata con competencia legislativa plena esta iniciativa y la remita al Senado. El objetivo es que su aprobación definitiva se produzca antes del verano.
VACUNA ESENCIAL PARA LAS PYMES
La proposición de ley de CiU plantea un plazo máximo en los cobros de 60 días para las empresas y de 30 días para las administraciones públicas, que el portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, calificó en su momento como una "vacuna esencial" para acabar con "el enemigo número uno de las pymes".
De esta forma, el texto de CiU elimina la posibilidad de que las partes pacten ampliar los plazos de cobros sin pagar intereses en compensación, no pudiendo superarse los dos meses en el caso de las operaciones entre empresas. En lo referente a las administraciones públicas, este límite se reducirá a la mitad, si bien con un periodo "transitorio" de adaptación de 45 días durante 2010.
Precisamente, esta Plataforma ha convocado mañana una rueda conjunta con los portavoces de PP, CiU, PNV y ERC para presentar los resultados de una encuesta sobre la morosidad en el conjunto de 2009. El ponente socialista de la proposición de Ley, Félix Larrosa, no asistirá.
