Becerril atiende la petición de Izquierda Plural que denuncia que la medida socava los principios democráticos
MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la decisión del Gobierno de permitir que una Junta de Gobierno municipal, o incluso un alcalde, apruebe medidas de ajuste en su localidad aun sin contar con el necesario respaldo del Pleno, tal y como le había solicitado el grupo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso.
La medida está incluida en el decreto ley de Medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la UE en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras, que fue convalidado por la Cámara Baja el pasado mes de diciembre con el apoyo de PP, CiU y PNV, y la abstención de PSOE y UPyD.
En concreto, la disposición adicional tercera de dicha normativa prevé que si el Pleno de la Corporación local no alcanzara en una votación la mayoría necesaria para solicitar al Ministerio de Hacienda acogerse a determinadas medidas, para aprobar un plan de ajuste o para incluir alguna medida de dicho plan de ajuste, la Junta de Gobierno local podrá asumir esa competencia. En caso de que no exista ese órgano, será el alcalde el que pueda decidirlo de forma unilateral.
SOCAVA LOS FUNDAMENTOS DEMOCRÁTICOS
El portavoz económico de IU-ICV-CHA en el Congreso, Alberto Garzón, ya criticó en el debate parlamentario de convalidación del decreto el "asalto democrático" de esta medida. Sin embargo, ante la falta de respuesta del Gobierno, decidió solicitar amparo a la Defensora del Pueblo a través de una carta que envió a Becerril el mismo 13 de diciembre.
En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, el diputado malagueño, vinculado con el movimiento 15M, criticaba que se concediera a las Juntas de Gobierno o a los alcaldes un "poder especial para ignorar" al Pleno, una decisión que "colisiona notoriamente contra el funcionamiento democrático de las corporaciones" con "graves consecuencias" para los vecinos.
Además, advertía del "precedente político enormemente peligroso" que se sienta con esta medida, ya que "aunque la crisis económica sea una situación de enorme gravedad, no puede servir para romper las reglas del juego democrático". "Siendo hoy la situación económica la que motiva la excepcionalidad, ¿qué otros motivos aparecerán en la mente de futuros gobiernos para justificar nuevas excepcionalidades?", se preguntaba Garzón.
A renglón seguido, reprochaba al Ejecutivo que, "sin ningún tipo de reparo" decidiera "retirar una competencia democrática al Pleno" municipal reconociendo incluso "en un raro ejercicio de sinceridad" que se pretendía "eliminar un obstáculo que no debiera afectar al logro de la estabilidad y del reequilibrio" de las corporaciones locales.
NO ES UN OBSTÁCULO, ES UN REQUISITO
Por todo ello, la Izquierda Plural requería a la Defensora del Pueblo que estudiara la posible necesidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la norma, algo que la Junta de Coordinación y Régimen Interior del organismo estimó procedente en su reunión del 24 de febrero.
Decisión que Soledad Becerril comunicó al diputado malagueño a través de una carta fechada el día 28 del pasado mes, a la que ha tenido acceso Europa Press, y que se acompañaba del acta de la decisión del organismo.
En dicho escrito, se resuelve presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso contra los apartados segundo y tercero de la disposición adicional tercera del mencionado decreto ley, al considerarse que "la nueva regla podría vulnerar la Constitución ya que la sustitución del Pleno por la Junta de Gobierno tras no alcanzarse en una primera votación plenaria la mayoría necesaria para tomar una decisión vital para la administración municipal podría vulnerar" los artículos 1, 23, 137 y 140 de la Carta Magna.
De hecho, los argumentos de Becerril son muy similares a los planteados por Garzón. Así, aunque la Defensora cree que la decisión legislativa es "opinable", no se puede compartir que "el respeto por las reglas procedimentales pueda ser calificado de 'obstáculo', más cuando se atienen al principio de las mayorías (que exige el respeto por las minorías)".
"Es simplemente un ingrediente de la decisión. Si la ley hasta ahora requiere mayoría del Pleno, no es ello propiamente un obstáculo, sino un requisito sin el cual la decisión no existe o es inválida", añade.
En una nota de prensa, Alberto Garzón ha valorado "muy positivamente" la decisión de Soledad Becerril, y ha insistido en que el contenido del decreto "colisiona notoriamente con el funcionamiento democrático de los ayuntamientos".
