Reclama que sólo se considere que hay causas objetivas para el despido si la empresa tiene pérdidas
MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -
La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha registrado en el Congreso una proposición no de ley con la que propone al Gobierno modificar la normativa vigente para que el incumplimiento por parte de un empresario de los derechos de los trabajadores en caso de despido sin causa justificada sea considerado un delito de desobediencia civil.
En la iniciativa, que recoge Europa Press, el grupo que lidera Cayo Lara critica los "muchos ejemplos que en la actualidad se pueden encontrar de empresas que tienen beneficios y, sin embargo, despiden a sus trabajadores de forma fácil y barata bajo unas supuestas razones económicas que enmascaran la búsqueda de contrataciones más precarias o una deslocalización empresarial".
Una posibilidad que, dice, ha abierto la reforma laboral de 2012, que considera que una empresa está en una situación económica negativa "simplemente por una disminución en los ingresos aunque tenga sólidos beneficios y una situación patrimonial saneada".
ABARATAR EL DESPIDO.
Además, Lara cree que la reforma laboral del PP "abarata, descausaliza y facilita" el despido bajo la premisa de que eso sería "una de las soluciones a la crisis y una herramienta para procurar mayor estabilidad y calidad en el empleo". "Sin embargo, las empresas sólo invertirán y generarán empleo cuando tengan expectativas de vender en el mercado sus servicios o productos y, en plena recesión y con la demanda deprimida, abaratar el despido significa automáticamente mayor destrucción de empleo", advierte.
"Reducir el coste del despido no va a procurar que nuestra economía sea más eficiente ni más productiva ni va a conseguir que el empleo que se cree, cuando se cree, sea de mayor calidad", insiste el coordinador federal de IU, avisando de que "la precariedad laboral se ha conformado como un rasgo estructural del mercado de trabajo" español.
Por eso, con su iniciativa, que se debatirá en el Pleno del Congreso, plantea no sólo que echar a trabajadores sin causa justificada e incumpliendo los derechos laborales sea tipificado como delito de desobediencia civil, sino también que cuando un juez declare un despido improcedente, el empresario deba abonar una indemnización al afectado equivalente a 45 días de salario por año de servicio hasta un máximo de 42 mensualidades.
Una cantidad muy superior a los 33 días por año y hasta un máximo de 24 mensualidades que la normativa laboral vigente establece para los despidos improcedentes, y más del doble de los 20 días previstos para los despidos procedentes. De hecho, la Izquierda Plural plantea también que sea el trabajador el que pueda decidir si, en caso de despido improcedente, quiere volver a su puesto de trabajo o la indemnización, ya que actualmente es el empresario el que elige.
Finalmente, la iniciativa de IU-ICV-CHA plantea que para considerar que hay causas económicas objetivas para justificar el despido únicamente se tengan en cuenta los resultados reales d la empresa, de modo que serán procedentes si se ha dado "una progresiva evolución económica negativa que haya conducido a una situación de pérdidas y que impidan el desarrollo de la actividad de la empresa".
