MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
Intrum Justitia y Cepyme han firmado un acuerdo de colaboración con el objeto de facilitar información y formación a las pymes en materia de morosidad, según han informado en una nota de prensa.
Entre otras iniciativas, el convenio contempla la edición de publicaciones periódicas y una guía práctica empresarial sobre cómo gestionar la morosidad en las pymes, que incluirá información sobre legislación vigente, plazos y actuaciones ante la morosidad, entre otras cosas. También se prevé la organización de conferencias y jornadas informativas en distintas ciudades españolas.
Según Intrum Justitia, la morosidad es uno de los problemas más graves que padecen las empresas españolas, especialmente las pymes, cuyo impacto genera importantes tensiones de tesorería, provocando incluso decisiones de abandono de la actividad.
Según el Índice de Riesgo 2014, el 46% de las empresas considera que no podrá contratar nuevos empleados por causa de la morosidad, una cifra que se sitúa seis puntos por encima de la media europea. Además, en contra de la tendencia de los tres últimos trimestres, el 65% de las empresas cree que el riesgo de impago aumentará en los próximos 12 meses.
El secretario general de Cepyme, José Alberto González-Ruiz, ha resaltado la importancia del acuerdo puesto que la deuda comercial en situación de mora ascendía a finales del ejercicio a casi 223.200 millones, con un coste financiero para las empresas de 1.040 millones de euros.
Para el director general de Intrum Justitia Ibérica, Luis Salvaterra, la trascendencia del acuerdo viene dada porque, a pesar de la actual aplicación de la directiva sobre morosidad en la UE, los retrasos en los pagos siguen siendo una amenaza importante para el crecimiento y supervivencia de las empresas.
De hecho, el 80% de las empresas españolas presenta problemas de liquidez derivados de los retrasos en los pagos. Así, aunque el 85% de las empresas dice conocer la directiva europea sobre la lucha contra la morosidad, el 74% no ha notado ningún impacto desde su puesta en marcha.
Por otro lado, tanto Intrum Justitia como Cepyme confían en que este acuerdo sirva para romper algunas de las barreras culturales en las empresas españolas, ya que el 55% afirma que no utiliza el derecho a reclamar que ofrece la Ley.
Al ser preguntados por el motivo de dicho comportamiento, la mayoría (58%) contestó que podría afectar negativamente a las relaciones con los clientes, el 35% cree que tampoco recibirá el pago de esa reclamación y el 7% dijo que no era consciente de esa posibilidad.
