MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
Cepsa ha presentado a la casi decena de sindicatos que representan a sus trabajadores unas condiciones básicas de partida para la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) iniciado por la empresa en la que se recoge una edad mínima de 55 años para participar en el proceso y un máximo de 320 trabajadores afectados.
Según la información remitida por los sindicatos, la compañía han planteado cinco condiciones de partida para el ERE de la filial Cepsa SAU, cuya actividad se desarrolla en las oficinas de Madrid y en las tres refinerías del grupo, que son las de Tenerife, Huelva y Cádiz.
La primera condición es que la adscripción será voluntaria con el beneplácito de la empresa; la segunda, que afecte a trabajadores con 55 años cumplidos a partir del 31 de diciembre de 2014; la tercera, que la vigencia del proceso sea del 6 de mayo de este año al 31 de diciembre de 2015, y la cuarta, que el número máximo de empleados sea de 320.
Por último, Cepsa ha establecido como condición de partida que la compensación económica fijada para todos los colectivos sea del 85% del salario neto, tanto fijo como variable, con el límite de la indemnización legal máxima.
Esta indemnización se articulará de forma que su desembolso, unido a las prestaciones públicas por desempleo, garantice un 85% del salario neto hasta la edad de jubilación. Se mantendrán las cotizaciones a la seguridad social y las aportaciones a los planes de pensiones.
"Queremos dejar claro que éstas son sus condiciones y que no se ha comenzado ningún proceso de negociación entre las partes", afirman los sindicatos, entre los que figuran CCOO, UGT, CGT y USO. El proceso de negociación comenzará el próximo martes 8 de abril.
CAUSAS ORGANIZATIVAS.
A finales de marzo, Cepsa ya expresó su intención de iniciar un proceso de consulta y negociación con los representantes de los trabajadores para tramitar un despido colectivo que afectará a la sociedad matriz del grupo.
La compañía explicó además que la decisión de tramitar este despido colectivo responde a causas organizativas y, en concreto, a la necesidad de adaptar la plantilla a la situación empresarial, a la dimensión de los negocios y a la nueva estructura empresarial.
La petrolera controlada por el fondo árabe IPIC contaba con una plantilla global de 11.745 empleados a través del conjunto de sus sociedades a cierre de 2012, de los que 10.151 estaban radicados en España.
