MÁLAGA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
El secretario general del PP de Málaga, Francisco Salado, consideró hoy que el caso 'Troya' contra la presunta corrupción municipal en Alhaurín el Grande y por el que la Fiscalía de Málaga ha solicitado cuatro años y medio de prisión y 19 de inhabilitación para el alcalde, Juan Martín Serón, es "un montaje que no llega a ningún sitio", al tiempo que solicitó que el juicio se celebre "lo antes posible".
Al regidor se le acusa de los delitos de prevaricación omisiva y cohecho. En este sentido, Salado indicó que "se ha caído" el delito de blanqueo de capitales: "La tesis de la Fiscalía se va cayendo y ha quedado en dos delitos, seguro que --Juan Martín Serón-- va a poder demostrar que es inocente y vendrá la absolución", continuó.
El dirigente popular señaló que "no hay pruebas consistentes" y precisó que el escrito de Fiscalía de hoy "no añade nada nuevo a la causa". Además, criticó que se haya comunicado a los medios de comunicación "antes que a los interesados y eso nos sorprende muchísimo".
"Estoy seguro de que Juan Martín Serón saldrá absuelto de este caso", certificó Salado, al tiempo que insistió en que la celebración del juicio debe acelerarse: "no puede ser que durante tres años se esté en esta situación, con una persona que no se puede defender en un juicio público".
Cuestionado por el papel del concejal de Urbanismo, José Gregorio Guerra, en la trama que se investiga, el secretario general de los populares malagueños manifestó que el fiscal "hace valoraciones que no son ley de obligado cumplimiento". "Es una teoría y luego vendrá el juez a decidir quién tiene la razón. Estoy seguro de que todo eso se va a desmontar con el escrito de defensa", concluyó.
En el escrito de Fiscalía, de 19 páginas y al que tuvo acceso Europa Press, se acusa a 19 personas más entre las que está el edil de Urbanismo; pidiendo, por contra, el archivo provisional de la causa para la mujer del regidor, imputada inicialmente de un delito de blanqueo de capitales, y para otras cuatro personas más.
El fiscal concluye que en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande al menos desde el año 2002 "ha venido funcionando una trama cuyo objeto no era otro que obtener el enriquecimiento personal ilícito de ciertas autoridades municipales y que consistía en ofrecer a los empresarios y promotores la posibilidad de obtener una mayor edificabilidad respecto de la legalmente prevista en la norma de planeamiento municipal a cambio de la oportuna retribución económica".
