MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
El PSOE quiere derogar la colaboración voluntaria de las empresas con la Seguridad Social a la hora de gestionar las bajas de incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral y acabar así con este mecanismo, tal y como reclamó el Tribunal de Cuentas.
El órgano fiscalizador presidido por Ramón Álvarez de Miranda llegó a señalar que estas sociedades colaboradoras no habían declarado una reducción de cuotas por valor de 5,8 millones de euros en 2015. Ese año, 240 empresas participaron en la gestión de estas bajas, generando obligaciones por el Instituto Nacional de la Seguridad Social por 105,4 millones.
Ahora, el PSOE se posiciona abiertamente a favor de derogar esta colaboración voluntaria y, hasta que no se modifique la normativa, se articulen mecanismos adecuados de coordinación y de intercambio de información con el Instituto Nacional de la Seguridad Social con respecto a esta fórmula.
Así figura en las propuestas de resolución llevadas por los socialistas a la Comisión mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas y que las Cortes someterán a votación en su próxima sesión tras presentar Álvarez de Miranda este informe.
En sus propuestas, el PSOE pide "aplicar urgentemente medidas de transparencia" acerca de la información pública sobre la gestión de fondos públicos de estas colaboraciones y a modificar la norma para que las empresas abonen todo excedente ejercicio a ejercicio y no en el momento de cesar su colaboración.
Asimismo, también piden al Gobierno que desarrolle reglamentariamente la fijación de los supuestos de imputación de la responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones empresariales en materia de afiliación, altas y bajas y de cotización, de su alcance y la regulación del procedimiento para hacerla efectiva.
INVESTIGACIÓN A TRES COLABORADORAS
Durante su presentación ante las Cortes, el Tribunal informó de que había abierto diligencias preliminares en su Sección de Enjuiciamiento contra tres empresas colaboradoras con la Seguridad Social por incorporar presuntamente gastos indebidos en sus prestaciones, en estos casos de hospitalización.
Estas empresas colaboradoras, según explicó el presidente del órgano fiscalizador, Ramón Álvarez de Miranda, han incluido gastos de colaboración por hospitalización "cuando sus instalaciones no disponen ni de camas ni capacidad para intervenir operaciones quirúrgicas".
Asimismo, señaló que el Tribunal también mantiene abierta otra investigación por la inclusión indebida por parte de colaboradores por gastos imputados a la colaboración que aminoran un saldo favorable de la Seguridad Social.
En su 'Informe de fiscalización de la gestión y control de las prestaciones asumidas por empresas que colaboran voluntariamente con la Seguridad Social, ejercicio 2015', el órgano fiscalizador detecta que estas empresas colaboradoras no declararon una reducción de cuotas de 5,8 millones de euros en 2015 a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
En 2015, esta colaboración generó obligaciones por el Instituto Nacional de la Seguridad Social con las empresas por 105,4 millones. Estas sociedades, a juicio del Tribunal, gozan de "una situación más ventajosa" que el resto de colaboradoras, pues no anticipan el importe, no se les obliga a aportar recursos propios al sistema, ni a realizar aportación alguna al sostenimiento de los servicios comunes y, además, tienen derecho a mejorar la citada prestación con cargo a la colaboración.
