MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -
Las obras de carreteras y ferrocarriles que ejecuta el Ministerio de Fomento sufrirán un retraso medio de al menos un año como consecuencia del recorte de 6.400 millones de euros que experimentará su presupuesto de inversión en dos años (2010 y 2011), anunció hoy el titular del departamento, José Blanco.
Fomento será así el Ministerio que absorberá "el mayor impacto" de la reducción de inversión pública anunciada por el Gobierno dentro del paquete de medidas de ajuste para reducir el déficit público.
Blanco explicó que el impacto de este ajuste en Fomento tendrá "consecuencias en todo el territorio", dado que obligará al Ministerio a "replantear todo el programa de inversión pública" de los cuatro próximos años para "reprogramar la mayoría de las inversiones que se están acometiendo y reconsiderar las que no son imprescindibles".
"Esto se traduce en que vamos a posponer nuevas licitaciones, demorar plazos de finalización de obras, suspender temporalmente actuaciones e incluso anular contratos en ejecución", concretó el ministro ante la Comisión de Fomento del Congreso.
"Con el presupuesto actual no se van a cumplir los objetivos fijados en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes 2005-2020", que guía las actuaciones de Fomento, "que será revisado", añadió.
Blanco informará del "cuadro definitivo de inversiones para este nuevo escenario", cuando, tras el ajuste, quede definido el marco presupuestario del próximo cuatrienio.
Asimismo, esperará también a conocer el nuevo escenario presupuestario para definir los proyectos que se acometerán con capital privado en 2010 y 2011 en el marco del nuevo Plan Extraordinario de Infraestructuras, con el que se busca paliar el descenso de recursos públicos.
El nuevo ajuste de inversión pública ha obligado a Fomento a "revisar" los proyectos de este plan, que además escaparán de los retrasos de ejecución previsto para las obras que se financian íntegramente con los presupuestos públicos.
En su comparecencia en el Congreso, Blanco enmarcó el ajuste de su Ministerio en el "esfuerzo de austeridad y responsabilidad" que es preciso realizar en aras del objetivo global de reducción del déficit.
CAMBIO DE POLITICA.
No obstante, advirtió que el recorte de inversión en 2010 y 2011 tendrá "consecuencias" en los ejercicios posteriores. "La senda que se marca es irreversible y ya nada será lo mismo en la obra pública", porque, según aseguró, "en los últimos años se han planificado infraestructuras por encima de las realidades y las necesidades del país".
En este punto, destacó que el "impulso sin precedentes" realizado en infraestructuras de transportes en España duplica al de países europeos vecinos, y ha supuesto que el país sea el primero de la UE por kilómetros de autovías y uno de los primeros del mundo por kilómetros de AVE.
"Pero este nivel de avance no se puede mantener ante el nuevo contexto económico y financiero", aseveró. "Probablemente nadie se quede contento. Alcaldes, presidentes regionales, diputados, senadores de todos los partidos expresarán sentimientos de agravio", reconoció.
Por ello, Blanco apeló a la responsabilidad y a superar el "victimismo" para abordar un "nuevo enfoque" en política de infraestructuras y a consensuar un nuevo modelo de financiación de obras públicas.
La nueva estrategia llevará a "aprovechar al máximo las infraestructuras existentes, antes de construir una nueva". A la hora de construir, "priorizará los proyectos estrictamente necesarios por su aportación a la economía y a la cohesión social", y buscará abaratar el coste de las obras en una media del 22%.
MAS CAPITAL PRIVADO Y DE CC.AA.
Además, se "profundizará" en la aplicación de nuevos modelos de financiación, como la aportación de capital privado, y se pedirá una mayor contribución de las comunidades autónomas.
Asimismo, Blanco impondrá un plan de austeridad en su Ministerio que permitirá un ahorro de gastos de 1.200 millones de euros hasta 2013.
Los principales ejes de este programa de ahorro, adicional al plan de austeridad impuesto por el Gobierno, será la reducción de cargos públicos y de su remuneración, la introducción de mayor eficiencia en el diseño y contratación de las obras, y la reestructuración de empresas públicas dependientes del Ministerio y reducción de sus consejos.
