El tribunal competente para ello es el Supremo a través de la presentación de un recurso de revisión
VALLADOLID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
El ex alguacil de Villalón de Campos (Valladolid), Manuel G. del A, condenado en 2007 a una pena de siete años de cárcel, que habrá de empezar a cumplir el próximo día 9 de febrero, por delitos de agresión y acoso sexual cometidos en 2002 sobre una empleada del servicio de limpieza del Consistorio, solicitó hoy a la Fiscalía de Valladolid una revisión de su caso con el fin de demostrar su inocencia.
A tal efecto, el interesado se personó hoy en la Fiscalía vallisoletana donde se entrevistó con el fiscal jefe, Luis María Delgado, al que solicitó que promoviera la revisión de la causa al haber tenido conocimiento a posteriori del fallo condenatorio de una serie de pruebas que podrían demostrar su inocencia, según pudo saber Europa Press en fuentes próximas a la Asociación Hombres Maltratados de Castilla y León, con sede en Villalón y presidida por un hermano del ex alguacil, Enrique G. del A.
Sin embargo, la única opción con que cuenta el funcionario es la vía que abre la presentación de un recurso de revisión, contemplada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que pueden ejercitar él mismo, el Fiscal General del Estado o incluso familiares en caso de fallecimiento del condenado para restaurar su honor, si bien el órgano de Justicia competente para resolverlo sería el Tribunal Supremo, tal y como determina el artículo 57.1.1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Además de esta posible vía, el condenado tiene presentado recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, a lo que se une la petición de indulto cursada al Rey por el ya dimitido alcalde de la localidad, Javier Mazariegos, del PP, cuyo apoyo al ex alguacil y determinadas declaraciones vertidas contra la Ley de Violencia de Género y sobre la sobreprotección de las mujeres llevaron al propio Partido Poular a exigirle el abandono del cargo de primer edil de la villa.
Los hechos por los que fue condenado Manuel G. del A. se remontan al año 1997, que fue cuando la víctima, M.L.D.S.P, empleada del servicio de limpieza en el Ayuntamiento de Villalón de Campos (Valladolid), comenzó a recibir del acusado requerimientos de índole sexual, tales como poner películas pornográficas mientras ella limpiaba la biblioteca.
En ese contexto, el condenado se bajó en ocasiones los pantalones y se masturbó en presencia de la trabajadora, a la que solicitó que se dejara sodomizar y propuso mantener relaciones sexuales en la oficina del piso superior, bajo la amenaza de hacer lo posible con echarla del trabajo si decía algo.
En uno de estos episodios, en noviembre de 2002, la trabajadora mantuvo que mientras limpiaba el sótano el alguacil se presentó con el pene fuera y tras soltarle "¡me cago en Dios, que me la chupes!", la acorraló y la introdujo a la fuerza el miembro en la boca hasta eyacular.
Quince días después, a finales de ese mismo año, la víctima se hallaba limpiando la oficina de Cruz Roja sita en el piso superior del Consistorio, momento en que el alguacil la introdujo en el baño, le bajó los pantalones y se masturbó eyaculando entre sus piernas, al no acceder ella a la solicitud de que se la chupara ni lograr penetrarla, pese a intentarlo, ya que se resistió.
Además, la limpiadora acusó a su superior jerárquico de haberla amenazado en diciembre de 2002 con lanzarla por la ventana cuando se encontraba subida a una escalera realizando su trabajo.
Las acusaciones pública y privada habían solicitado una pena global de 14 años de cárcel para el funcionario, y tan sólo discreparon en el capítulo indemnizatorio, ya que el fiscal solicitó 12.000 en favor de la víctima y la acusación particular 30.000 euros, mientras que el defensor del imputado solicitó una sentencia absolutoria.
