MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, ha afirmado que este martes, en el que el Congreso ha mostrado su disposición de tramitar una reforma de la Ley Electoral que elimine la restricción al voto de las personas con discapacidad intelectual, es "un día de alegría" porque se da "un paso más en el largo camino" hacia acabar con el "guantánamo" en el que viven a su juicio, las 100.000 personas que en España no pueden participar en los comicios.
En declaraciones a Europa Press, Pérez Bueno, que ha seguido el debate desde la tribuna de invitados, se ha mostrado confiado en que la iniciativa impulsada por la Asamblea de Madrid en el Congreso y admitida a trámite siga su curso porque "cualquier grupo parlamentario es ahora consciente de que es una demanda social que no aguanta más". "Creo que en unos meses lo tendremos aprobado", ha señalado.
En su opinión, la reforma debe salir tal y como la ha registrado la Asamblea de Madrid, que aprobó la iniciativa previamente, es decir, eliminando los apartados de la Ley Electoral según los cuales, carecen de derecho de sufragio "los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio" y "los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el período que dure su internamiento siempre que en la autorización el juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio".
"Esto está más allá del debate doctrinal. España cuando asumió la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad (que prohíbe expresamente esta exclusión de derechos) no puso ningún tipo de reserva pudiendo haberlo hecho. Hay que cumplir un mandato internacional de derechos humanos que además, es una demanda social. Los grupos en el Congreso van a tener difícil rebajarlo", ha comentado.
Según afirma, es "perfectamente posible" tramitar la reforma tal y como se ha planteado y conseguir, como es objetivo de la misma, que queden sin efecto las más de 96.000 sentencias de incapacidad vigentes en España, según los datos disponibles, porque dentro del marco constitucional "la ley lo puede todo". "Si ya no existe justificación para privar del derecho a voto a todas las personas que tienen marcada la casilla de privación del derecho de sufragio han de ser dadas de alta de nuevo en el censo", ha señalado.
"Hagámoslo así por economía y por justicia con la gente", ha añadido Pérez Bueno, quien incide en que, de otro modo, se estaría obligando a las personas que pasaron por un proceso de incapacidad a someterse a otro, con los costes que conlleva y las dificultades que eso puede suponer para personas que, por no pasar "por otro calvario" acabarían renunciando y quedándose así sin su derecho a voto.
