MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, sostiene que las medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género "deben implementarse con carácter urgente" y avisa de que dicho acuerdo "tan necesario y tan demandado, no puede quedar en una mera declaración de intenciones".
"Esperamos que en 2018 las medidas del Pacto de Estado comiencen a plasmarse en cambios normativos y nuevas prácticas que sirvan para defender a todas las víctimas de la violencia de género", señala el informe anual recogido por Europa Press.
Conforme apunta dicho documento, la violencia machista "preocupa especialmente" al Defensor del Pueblo. Por ello, desde esta institución se califica de "satisfactoria" la aprobación de este Pacto de Estado y se destaca que, entre sus más de 200 medidas, varias de ellas pretenden "proteger a las mujeres y a sus hijos e hijas".
Así, tras reclamar que la "lacra" de la violencia de género se aborde desde un "doble enfoque" --el de género e infancia--, solicita una "protección efectiva" de los hijos de las mujeres víctimas de esta violencia. En este sentido, exige "mejoras" e incide en que "un maltratador no puede ser nunca un buen padre".
PROTECCIÓN DE LOS HIJOS, "NECESARIA E INAPLAZABLE"
"Consideramos que toda medida y cambio normativo destinado a otorgar protección inmediata y eficaz a las hijas e hijos de las mujeres víctimas de violencia de género es necesario e inaplazable", subraya el Defensor del Pueblo en el informe anual al tiempo que recuerda que en 2017 hubo ocho niños "asesinados" por sus padres.
"Esta sociedad no puede permitirse que se sigan produciendo asesinatos de niños y niñas a manos de sus padres maltratadores --destaca en el documento remachando--. De la misma forma, en modo alguno es aceptable que un solo huérfano de la violencia de género quede desprotegido". Según la institución que lidera Fernández Marugán, el año pasado "27 menores perdieron a su madre por culpa de la violencia de género".
En Defensor del Pueblo insiste en que, debido al aumento del quebrantamiento de medidas de alejamiento constatado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género de los Consejo General del Poder Judicial en 2016, "se observa la necesidad de otorgar protección de manera rápida y eficaz a los hijos e hijas" de las víctimas.
Con motivo de ese aumento, el Defensor ve necesaria una "modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, en todo lo
concerniente a los menores hijos e hijas de víctimas de violencia de género".
Por otro lado, respecto a la integración en el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (VioGén) de la valoración policial del riesgo (VPR) y la valoración policial de la evolución del riesgo (VPER) a los servicios sanitarios, alerta de que "a la finalización de este informe se continúa a la espera de la remisión de información sobre este proceso de incorporación".
El nuevo protocolo, según precisa el Defensor del Pueblo, incorporará en nuevos formularios "que permitirán enfrentarse a la violencia de género desde un enfoque preventivo y anticipativo". "Este enfoque incluye un estudio pormenorizado e individualizado de la peligrosidad de los maltratadores, la vulnerabilidad de las víctimas y las circunstancias concretas de cada caso individual", matiza.
Además, subraya que incorpora "algunas novedades destacables", como la intensificación de la vigilancia policial en casos de violencia de género detectadas entre adolescentes; una adaptación de la valoración del riesgo y procedimientos dirigidos a las mujeres con discapacidad maltratadas, así como una atención especial a la seguridad de menores de edad a cargo de las víctimas de violencia de género.
Asimismo, sobre la posibilidad de que el Sistema VioGén reciba información de los servicios sociales y de igualdad de las comunidades autónomas, la institución aclara que desde noviembre de 2016 todas las comunidades autónomas, excepto Canarias, País Vasco y Cataluña, y las
dos ciudades autónomas, han firmado un convenio de colaboración con este objetivo.
Por otra parte, el informe de 2017 recuerda que, en 2016, recibió quejas concretas sobre "deficiencias" en el funcionamiento de los recursos disponibles para actuar contra la violencia de género, concretamente en la Comunidad de Madrid.
"Se participó a esta institución la escasez en la implantación y ausencia de funcionamiento de los servicios forenses adscritos a algunos juzgados y de dificultades para acceder a un servicio de guardia para los casos de violencia de género fuera del horario laboral establecido de 8 a 21 horas de lunes a viernes", señala.
