Actualizado 26/04/2018 12:51

La oposición desconfía de la reforma del Gobierno de la Ley contra la violencia machista

Violencia de género
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El PSOE quiere que el texto pase antes por la comisión de seguimiento en el Congreso o que se facilite a los grupos que llegaron al acuerdo

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La oposición desconfia del Gobierno por la reforma de la Ley contra la Violencia de Género que, previsiblemente, estudiará este viernes el Consejo de Ministros. Se trata de la primera reforma legislativa que ve la luz para dar cumplimiento al Pacto de Estado contra la Violencia Machista, que se aprobó el pasado 27 de diciembre, pero se desconocen las medidas concretas que el Ejecutivo ha decidido aplicar en este cambio normativo.

La delegada del Gobierno sobre esta materia, María José Ordóñez, sólo adelantó, durante su comparecencia en el Congreso, que se ampliará el concepto de violencia machista, para adecuarlo al Convenio de Estambul, de manera que se reconocerá como tal la mutilación genital femenina, el matrimonio y esterilización forzosos, la trata, la explotación sexual o el acoso y la agresión sexual, entre otras medidas.

Este anuncio ha generado dudas entre la oposición, un sentimiento que, según han indicado, llega después de que no se haya puesto en marcha ninguna de las medidas acordadas en los seis primeros meses desde su aprobación. Y también, recuerdan que el Ejecutivo no ha cumplido con los 200 millones de euros para el Pacto que prometió incluir en los PGE para este año.

La más dura ha sido la portavoz de Igualdad del PSOE, Ángeles Álvarez, quien ha criticado que el Gobierno no haya contado para hacer esta reforma con las formaciones que participaron en la elaboración del Pacto. A su juicio, los grupos parlamentarios que promovieron y acordaron los términos del Pacto "deberían tener acceso, de manera previa, al texto que el Gobierno pretende llevar al Consejo de Ministros".

PRIMER 'CONTROL' EN EL CONGRESO

En un artículo, publicado en 'El diario', la socialista reclama "la convocatoria previa y con carácter de urgencia la Comisión de Seguimiento" del Pacto de Estado, que se constituyó en la Cámara Baja la semana pasada, o, en su defecto, "el envío del borrador del anteproyecto" a los partidos que han sustanciado los acuerdos. "No estamos ante una reforma del Gobierno, sino ante una reforma, promovida y acordada por el conjunto de los grupos parlamentarios", escribe.

Su homóloga de Unidos Podemos, Sofía Fernández Castañón, ha señalado que esta reforma "bien está, porque urge", pero recuerda que se ha tardado seis meses en poner en marcha algunas de las recomendaciones que se hicieron en el Pacto de Estado.

"Aunque estas modificaciones respeten el Pacto de Estado y los presupuestos, dudamos que realmente vayan a dar la respuesta mínima que este país necesita para luchar contra la violencia machista", ha declarado a Europa Press la diputada morada. En este sentido, ha apuntado que "no es desconfianza" hacia el Gobierno sino "comprobaciones continuas de que lo que dijo Unidos Podemos en septiembre del año pasado ha sido un diagnóstico previo y acertado".

UN GOBIERNO QUE NO ASUME RESPONSABILIDADES

El grupo confederal se abstuvo en las votaciones del acuerdo en el Congreso, al considerar que el Pacto era insuficiente, no había calendario de implementación y no la financiación no cumplía con sus expectativas. "El Gobierno a día de hoy no ha asumido la responsabilidad institucional que debemos tener con la violencia a la que están expuestas las mujeres", ha criticado Fernández Castañón.

Desde Ciudadanos, tampoco se muestran seguros de la labor del Gobierno en esta materia y, dicen, que "esperan que la reforma se haga de acuerdo" a lo acordado. La formación naranja recuerda que, en su momento, ya instó al Ejecutivo a dar cumplimiento a las provisiones del Pacto que no tenían implicación presupuestaria, a la espera de aprobar las partidas en las que exigió incluir los 200 millones de dotación que se prometieron en el documento.

"Debería en cualquier caso reflejar las mejoras que negociamos en el texto: asistencia y protección de las víctimas, énfasis en la sensibilización y la educación, así como en la formación de los profesionales que trabajan con las víctimas", apuntan los de Albert Rivera.