MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Unión Progresista de Fiscales pide que se investigue "con seriedad y rigor" lo ocurrido en la frontera entre Ceuta y Marruecos el pasado jueves, cuando fallecieron al menos 14 migrantes intentando alcanzar suelo español, y dice que "deberán depurarse las responsabilidades oportunas" si se constata que se produjeron 'devoluciones en caliente' de extranjeros por parte de las fuerzas policiales españolas.
"Deberán depurarse las responsabilidades oportunas si se constata que se produjeron devoluciones de los supervivientes a Marruecos sin cumplir con las formalidades legales, sobre todo teniendo en cuenta que de ser ciertas las llamadas devoluciones 'en caliente' se habrían perdido las declaraciones de los testigos que presenciaron y denunciaron los hechos", afirma la organización.
En cuanto a las expulsiones sobre la marcha, la UPF señala que el Defensor del Pueblo ha investigado desde el año 2005 "diversas denuncias sobre actuaciones de la Guardia Civil, comunes a Ceuta y Melilla, sobre estas devoluciones 'en caliente' en las que se ha concluido que las mismas no son respetuosas con la legislación vigente".
Los fiscales recuerdan el caso de Sonko, inmigrante fallecido en Ceuta en la madrugada del 25 al 26 de septiembre de 2007. "El Comité contra la Tortura de la ONU condenó a España y declaró que violó la convención internacional Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes por no investigar este caso, en el que se denunciaba que un funcionario de la Guardia Civil le pinchó el salvavidas cuando el migrante intentaba llegar a la costa, produciéndose el ahogamiento por no saber nadar", explican.
"La falta de diligencia en la investigación de estos hechos nos colocaría en un escenario tristemente conocido en nuestro país", señalan los fiscales, para incidir en que "una sociedad democrática no pude contribuir, directa ni indirectamente, con las mayores formas de sufrimiento que padecen las personas que inician procesos migratorios, ni asistir impávidos a la muerte en sus fronteras".
En esta línea, la UPF recuerda que "la entrada irregular en España no es delito y que la protección de los derechos fundamentales debe ser cumplida de modo exquisito, también en las fronteras", especialmente cuando se trata de "un colectivo tan vulnerable como son los migrantes empobrecidos".
