Propone como alternativa a los CIE el retorno voluntario, centros residenciales tutelados o brazaletes con geolocalizaores
MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo ha denunciado que se están usando los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) como lugares de contención de la migración y no como centros para garantizar la repatriación, como se determina legalmente.
A su juicio, es necesario cambiar el modelo y llama a considerar alternativas al internamiento como el retorno voluntario, el ingreso en dispositivos residenciales tutelados o el control electrónico a través de brazaletes geolocalizadores.
Estos datos se desprenden del Informe Anual 2017 que realiza la Institución en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la
Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes (MNP). En él se recogen las conclusiones y recomendaciones que el Defensor del Pueblo ha sacado tras visitar, durante el año pasado, 107 lugares de privación de libertad --prisiones, calabozos, CIE, correccionales y psiquiátricos-- repartidos por todo el territorio.
El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha entregado este documento, este jueves, en el Congreso y el Senado, y ha señalado que la sociedad, en alguna medida, se ha olvidado de la gente que se encuentra en esta situación de privación libertad. En este sentido, ha llamado a las administraciones a leer el informe y sus recomendaciones.
En cuanto a los CIE, el documento determina que se visitaron todos los que existen en España, salvo el de Valencia, que permaneció cerrado gran parte del año. De estas visitas, se sacaron 221 conclusiones que incluyen cinco recomendaciones, 69 sugerencias y un recordatorio de deberes legales.
Para el Defensor del Pueblo, el dato más relevante es que, de las más de 8.000 personas internadas en los CIE durante 2017, 7.559 habían sido detenidas a su llegada a las costas. "Este hecho pone de manifiesto que estos centros se están utilizando como instrumentos de contención de la entrada irregular por las costas".
En su opinión, estas instalaciones se han convertido en centros de acogida para personas llegadas en patera cuando, según recuerda, la ley los diseñó como "establecimientos destinados a garantizar la repatriación" de los internos.
NO TODOS CUENTAN CON SERVICIO JURÍDICO
Del mismo modo, ha denunciado numerosas carencias, como en el ámbito sanitario, ya que no hay presencia médica durante las 24 horas, ni
asistencia psicológica y psiquiátrica, además de no realizarse analíticas en el momento del ingreso para detectar enfermedades. Para el Defensor del Pueblo, la prestación de la sanidad en los CIE debería corresponder a los sistemas territoriales de salud.
También denuncia que, en la mayoría de los centros no puede garantizarse la separación de internos con antecedentes penales de aquellos que se internan por mera estancia irregular en España y critica que sólo en Madrid y Barcelona lo extranjeros cuenten con servicio jurídico.
"Se ha formulado una recomendación para que en los boletines que reciben las personas internas en los CIE, se facilite información sobre violencia de género, trata de seres humanos, violencia sexual y hábeas corpus", añade el informe, en el que Fernández Marugán señala que se debe abordar de forma "urgente" una reforma integral de estos centros porque el modelo actual es "insuficiente y contrario a la finalidad que tiene atribuida legalmente".
Además de las alternativas que propone al internamiento, la Institución también recuerda que la legislación vigente ya prevé medida como son la presentación periódica ante autoridades o la fijación de domicilio.
Otra cuestión que preocupa al Defensor del Pueblo es qué ocurre con estas personas cuando abandonan el CIE. En su opinión, España debería seguir los pasos de otros países europeos para que las personas que no han podido ser repatriadas ostenten algún tipo de estatus que les permita mantener su dignidad personal y realizar algún tipo de actividad lícita que contribuya a la economía del país y a la suya propia.
REPATRIACIÓN SIN RECONOCIMIENTO MÉDICO
La preocupación del Defensor es similar en el caso de los centros y dependencias de primera acogida y detención de extranjeros que se encuentran en Cartagena, Almería, Motril, Málaga, Algeciras y Tarifa. El informe también destaca en ellos deficiencias que llegan a convertirlos, según apunta, en lugares no aptos para su uso.
Así, aboga por formular un protocolo de intervención que contemple tres elementos: infraestructuras idóneas, medios humanos especializados y criterios de colaboración y coordinación entre administraciones, organizaciones internacionales y sociedad civil.
En este sentido, también ha supervisado los operativos de repatriación de extranjeros, tras los cuales ha insistido en que todas las personas que pasan por este proceso deben ser reconocidas previamente por equipos médicos y contar con el documento denominado 'fit to travel' (apto para viajar).
"En la actualidad, las personas que proceden de los CIE sí cuentan con él, pero las que son conducidas desde las diferentes comisarías no lo portan salvo que estén sometidas a tratamiento médico anterior", ha advertido.
Además de centros de internamiento para extranjeros, la Institución también ha visitado centros de corta duración, o calabozos, en donde ha observado que, en la mayoría de los casos, hay carencias en los sistemas de videovigilancia, libros de registro y custodia incompletos y, en algunas dependencias, falta de personal para desarrollar las labores de custodia.
El informe recoge la necesidad de acabar con elementos como barrotes horizontales o sanitarios de cerámica que puedan utilizarse para autolesionarse o agredir a los funcionarios.
BASES DE DATOS ANTE DENUNCIAS DE MALOS TRATOS
En cuanto a los centros penitenciarios, el Defensor ha seguido llamando la atención a las autoridades competentes sobre la necesidad de dar la máxima importancia a la detección y prevención de posibles casos de malos tratos.
Así, ha recomendado la creación de una base de datos central en la que se pueda volcar información sobre los procedimientos de investigación realizados ante denuncias de malos tratos y ha insistido en que cada centro cuente con un libro de registro de estos casos.
En relación con la aplicación de medios coercitivos, se ha incidido en la importancia de que los sistemas de videovigilancia en las celdas de sujeción mecánica permitan la grabación de las imágenes y del audio (ningún centro de los visitados contaba con estos sistemas) y ha mostrado y preocupación lo que considera una "insuficiente dotación de personal en los centros.
MENORES INFRACTORES SIN ASISTENCIA JURÍDICA
En cuanto a los centros para menores infractores, el informe destaca que, en la mayoría de los casos, los niños no cuentan con asistencia jurídica; no se cumplen las normas a la hora de realizar registros integrales; y le preocupa la asistencia psiquiátrica.
Por su parte, en los psiquiátricos visitados ha señalado que es "complicado" recabar datos sobre cuántas personas tienen un trastorno mental y cuántas han sido ingresadas en algún dispositivo de salud mental. Además, ha mostrado sus dudas acerca de personas que llevan ingresadas, según los informes, de manera voluntaria durante 30 y 50 años. "Nos surgen dudas sobre si las personas en estas condiciones están en situación de plantearse la existencia de cualquier otra alternativa", apunta el texto.
"También ha llamado especialmente la atención que la mayoría de las personas incapacitadas a las que se pudo entrevistar durante su internamiento señalaban que no sabían quién se hacía cargo de su tutela legal y que no tenían conocimiento de cómo se gestionaba su patrimonio", concluye.
