Dice que diez meses después, "no se ha avanzado mucho en la investigación" y la Fiscalía no ha impulsado "ni una sola diligencia"
MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -
La abogada de la Coordinadora de Barrios, Patricia Fernández, afirma que se están produciendo trabas y "dilaciones indebidas" que dificultan la labor de la acusación popular en la investigación que lleva a cabo el Juzgado número 6 de Ceuta para esclarecer la muerte de cinco de los 15 migrantes que fallecieron el pasado mes de febrero intentando alcanzar a nado la playa ceutí de El Tarajal, los cinco cuyos cuerpos fueron rescatados en aguas españolas.
En una entrevista con Europa Press, la letrada, que expuso el caso la semana pasada en un encuentro de Migreurope en el Congreso de los Diputados, explica que el juzgado está muy atareado en cuestiones procedimentales, como requerir fianza a las ONG que se personaron o un volumen "exasperante" de documentación a los familiares de los fallecidos, pero "de facto no se ha avanzado mucho en la investigación" cuando se cumplen diez meses del suceso.
"Las principales dilaciones se deben al hecho de que por parte de la Guardia Civil, un informe que se requirió en julio no se ha presentado hasta noviembre. Es intolerable ese retraso y entendemos que el juzgado tendría que haber sido más activo para reclamarlo, como fijando un plazo determinado bajo apercibimiento de un delito de desobediencia, cosa que no se ha hecho", explica.
Sobre este asunto, destaca además que la propia Guardia Civil, "que pudiera resultar responsable de los hechos" haya "confeccionado todo un atestado policial" informando de lo sucedido aquella mañana en el Tarajal. En su opinión, "se debería haber requerido únicamente a la Guardia Civil para aportar la identidad de los agentes que estuvieron y que la investigación la hiciera el juzgado".
TRES GRABACIONES, 38 CÁMARAS
Fernández se refiere asimismo a uno de los aspectos más polémicos del procedimiento, las grabaciones de lo ocurrido aportadas por el Ministerio del Interior el 20 de febrero, después de difundir un adelanto editado. "Es sorprendente que primero se edite un vídeo para los medios de comunicación y se aporte al juzgado 14 días después de las muertes, cuando tratándose de un posible hecho constitutivo de delito, la ley dice que debieran entregarse en máximo 72 horas", explica.
La letrada cuestiona que sólo se entregasen al juez imágenes tomadas por tres cámaras y con una calidad "que no se corresponde" con las especificaciones técnicas del sistema de videovigilancia del perímetro fronterizo que detalla en un documento la Secretaría de Estado de Seguridad, según el cual, son 38 las cámaras operativas, como las térmicas que llevan adosados determinados vehículos de la Guardia Civil, los llamados 'búhos'.
"Asumimos que muchas de las cámaras no grabaron los hechos, pero es que tampoco se ha aportado un croquis de la zona para decir qué cámaras cubrían la playa o no. Sabemos además por los audios que al menos un 'búho' estaba activo y situado bajo la torreta de seguridad del espigón. Esa cámara es la que habría grabado todos los hechos de forma más nítida, pero ese vídeo no se ha aportado", lamenta.
LA BUROCRACIA DE LAS FAMILIAS
En cuanto a las dificultades a nivel de procedimiento en sí, Fernández pone como ejemplo los "problemas que está poniendo el juzgado" para que las familias se personen. Según explica, la acusación pidió en febrero la identificación de los cuerpos de los fallecidos mediante cotejo con las fotos de desaparecidos que había recopilado. El juzgado solicitó entonces poderes de los familiares para hacer la diligencia, pero en octubre, solucionado este trámite con un acta notarial y del consulado español en Camerún, pidió la documentación original traducida de los fallecidos.
"Se nos exige una documentación que ya se presentó cuando se hizo el poder notarial, que ya fue verificada y cuya validez quedó además acreditada por el cónsul de España en Camerún (...) Exigiendo esto, se nos pide un documento que es exasperante de conseguir y que supera los requisitos formales. Además, podríamos encontrarnos con que incluso presentándolos, como los fallecidos aún no han sido identificados y no consta que sean los hijos de estas personas, volvamos al principio", detalla la abogada.
En paralelo, recuerda que ya al inicio del procedimiento la acusación popular se encontró otros problemas, como la imposición por parte del juzgado de una fianza "abusiva" para las ONG, algunas de las cuales se retiraron por ello de la acusación, o su negativa inicial a identificar a los guardias civiles que habían participado en el operativo aquella mañana en El Tarajal, lo que implicó un recurso a la Audiencia Provincial que acabó imponiendo que fuesen identificados.
"No alcanzamos a entender por qué se obstaculiza una investigación tan difícil con tanto requisito formal. Mientras, la Fiscalía no ha solicitado ni una sola diligencia de investigación. En un procedimiento donde hay quince personas fallecidas entendemos que no es de recibo y que si el fiscal no insta la investigación, lo que no puede hacer es dificultar además que las acusaciones populares se personen", señala Fernández.
Con todo, los problemas para la acusación no se encuentran sólo en España. El juzgado envió a Marruecos una comisión rogatoria para conseguir información sobre las autopsias practicadas a los cadáveres rescatados en sus aguas territoriales sin que hasta la fecha, se haya producido una respuesta. "En eso poco puede hacer el juzgado de Ceuta", explica.
Este 6 de diciembre se cumplen diez meses de la muerte de 15 personas cuando intentaban alcanzar a nado la playa ceutí de El Tarajal, después de un intento frustrado de saltar en grupo la valla fronteriza. La acusación popular pide que se investigue el papel que jugó la Guardia Civil en el desenlace, dado que se sirvieron de material antidisturbios, como pelotas de goma y botes de humo, para intentar frenar el avance por mar de las personas que se habían echado al agua.
