SEVILLA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
El defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maetzu, ha urgido este miércoles ante el Pleno del Parlamento a recuperar la función social de la vivienda así como aprobar una norma que garantice los suministros básicos a colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión social de Andalucía para que no se les corte el suministro de luz y agua por imposibilidad de pago.
Durante su comparecencia ante el Pleno del Parlamento andaluz para presentar el informe anual de su Oficina correspondiente a la gestión realizada por dicha institución durante el periodo de 2014, Maetzu, tras desgranar los datos que recoge dicho documento, ha presentado una serie de recomendaciones tras alertar de que la tasa de riesgo de pobreza de Andalucía es "más alta" que la media española, de manera que ha pedido prestar una especial atención a los sectores de la sociedad más vulnerables.
Por ello, ha defendido que en el ámbito de la prevención y de la atención de la situaciones de riesgo de exclusión social que afecta a gran parte de la sociedad, Andalucía debe dar un paso "cualitativo" de garantía de unos ingresos mínimos de subsistencia para esa población, superando el salario social.
Asimismo, en cuanto al sistema de servicios sociales ve necesario salvaguardar la existencia de este sistema de cobertura universal y basado en un criterio de cercanía a la ciudadanía, que atienda y dé respuesta a todas las necesidades de la población, por lo que ha urgido a aprobar una nueva ley de servicios sociales.
De la misma manera, Maetzu ha puesto el acento en la necesidad de aprobar una norma de garantía de suministros básicos, que atienda a las situaciones de pobreza energética e hídrica de las familias más vulnerables de forma que se impida el corte de los mismos por imposibilidad de pago.
El Defensor ha traslado a la Cámara andaluza su preocupación por la situación de vulnerabilidad de los niños andaluces, que "son las personas más expuestas y víctimas en riesgo de pobreza", por lo que ha exigido que se dé prioridad a un plan de lucha contra la pobreza infantil. Además, ha reclamado la reactivación de sectores productivos estables, rentables y generadores de empleo junto al refuerzo de programas de ayuda personalizada en la búsqueda de puestos de trabajo.
Sobre la vivienda, ha reclamado la aprobación de un nuevo plan marco de vivienda que permita modular las políticas desarrollas hasta el momento en este ámbito, propiciando la apuesta por el alquiler y un modelo de gestión más riguroso, y un pacto por la vivienda para recuperar su función social.
"La cohesión social como proceso de mejora situaciones de desigualdad es una exigencia irrenunciable", ha defendido Maetzu, antes de señalar que en el informe apuesta por "la efectiva igualdad entre hombres y mujeres y la superación de las trabajas que la dificultan". Así, ha afirmado que el problema no está en el reconocimiento de los derechos sociales, sino "en su garantía y protección".
Y es que, como ha sentenciado el Defensor andaluz, "no se debe permitir que un sector de la población esté en una situación insostenible y dolorosa", porque está en juego "la manera en que se saldrá de la crisis y el marco social".
Ha cifrado en unas 19.000 las quejas atendidas por la Oficina en el paso ejercicio, unas quejas, según Maetzu, que "reflejan el rostro de la pobreza, del drama de la pérdida del empleo o la vivienda o la rabia por la pérdida de derechos". Así, ha apuntado al problema del desempleo, más grave en la situación de los jóvenes y en la reducción del empleo público.
Además, sobre la vivienda ha urgido a buscar una solución para quienes no pueden disponer de un techo digno y adecuado, con un gran pacto por la vivienda como instrumento "imprescindible" para atender esa demanda; así como ha defendido que "es hora de recuperar la función social de la vivienda" para que no entienda exclusivamente como un bien patrimonial y de inversión.
Así, ha pedido cambiar las políticas públicas de vivienda y que el Estado y la Comunidad impulsen legislación suficiente que garantice este derecho constitucional, y que el presupuesto dote de fondos suficiente a las administraciones que lo gestionen.
También ha ahondado en la necesidad de que las viviendas protegidas vacías se destinen al fin para el que fueron construidas, y que se destine un gran parque de viviendas al alquiler, así como que las entidades con parques de vivienda le den salida para estos colectivos y se les sancione si no las destinan a la función social por la que se justificó su construcción.
Por otro lado, ha pedido garantizar los servicios sociales, atender la dependencia, y reforzar la Justicia ante la situación de "saturación" que padece, que se convierte en un problema "estructural", según ha señalado.
