MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional ha lanzado la campaña #PortazoAlGobierno contra las 'devoluciones en caliente' en Ceuta y Melilla, que el Gobierno quiere legalizar, porque considera que "no se puede legalizar lo que es ilegal en el derecho internacional".
La organización ve "inaceptable" que el grupo parlamentario popular, a través de una enmienda a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, pretenda modificar la Ley de Extranjería e introducir "un mecanismo sin garantías para rechazar a personas migrantes y refugiadas" en las fronteras de Ceuta y Melilla.
"El hecho de que en la enmienda presentada se intente que Ceuta y Melilla, por ser las únicas fronteras terrestres que España tiene con el continente africano, cuenten con un especial tratamiento en el ordenamiento jurídico español, sin garantías, es inaceptable", ha indicado la responsable de política interior de Amnistía Internacional España, Virginia Álvarez.
La ONG recuerda que lleva "años" denunciando expulsiones sumarias por parte de las autoridades españolas y recuerda que este tipo de expulsiones "están prohibidas por el Protocolo VI del Convenio Europeo de Derechos Humanos, son contrarias a la Convención de Ginebra del Estatuto de Refugiados y a la actual ley de Extranjería".
Con estas expulsiones, según advierte la organización, se priva a las personas migrantes y refugiadas de un proceso con garantías y de la posibilidad de pedir protección internacional.
Por ello, Amnistía Internacional ha puesto en marcha en redes sociales, la campaña #PortazoAlGobierno, a través de la cual la organización pide que se graben y difundan portazos simbólicos contra las devoluciones de personas migrantes y refugiadas en Ceuta y Melilla.
Según apunta la ONG, las expulsiones sumarias pueden tener "consecuencias terribles" para los derechos humanos de las personas que intentan llegar a España pues el Gobierno español puede "exponerlas a ser perseguidas, torturadas, desaparecidas e incluso puede poner en peligro su vida tanto en los países de origen como en los de tránsito, como es el caso de Marruecos".
En este sentido, señala que un material audiovisual reciente difundido por algunas organizaciones que trabajan en la zona ha mostrado "agresiones y malos tratos" a personas migrantes y refugiadas en el país magrebí.
"Queremos recordar a las autoridades españolas que ninguna modificación legal eliminará la responsabilidad de España ante lo que pueda sucederle a las personas expulsadas de manera sumaria", ha subrayado Álvarez.
