MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
Un total de 302 personas (105 niños y 197 padres) demandarán el próximo viernes ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo al Estado español por "vulnerar los derechos fundamentales" de los objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC), según explicó hoy el director de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, José Luis Bazán.
Para Bazán, esta decisión se ha tomado "tras tres años" donde se ha comprobado la "evidente falta de voluntad del Estado en este conflicto". "Debe anteponerse la defensa de los derechos fundamentales de las personas a los intereses del Estado o de la ideología que sustenta un gobierno no respetuoso con la libertad ideológica de sus ciudadanos", añadió.
Asimismo, una de las madres objetoras a esta asignatura y recurrente ante este tribunal, Inmaculada López, manifestó que esta iniciativa se llevará a cabo porque "ha quedado vulnerado el derecho de educar a los hijos de acuerdo a las convicciones de cada uno". Además, aseguró que "no les han dejado otra opción" ya que el Gobierno está "imponiendo por ley unas asignaturas de marcado carácter ideológico" con las que se persiguen, según subrayó, el adoctrinamiento de los menores.
"Hemos sido ignorados por todos los que tienen responsabilidades en el ámbito educativo en España, tanto los diferentes ministros de Educación como los consejeros de todas las comunidades autónomas", apostilló.
López citó los fines que persigue esta demanda. En concreto, que se adopten medidas cautelares que permitan que los niños objetores no sufran "las consecuencias" de no asistir a EpC así como que se reconozca la vulneración de los derechos tutelados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y se realice una compensación por los daños morales causados y, en tercer lugar, que este tribunal requiera al Estado español que respete la "neutralidad ideológica" en el sistema educativo e impida "futuras vulneraciones".
Por otro lado, un jurista experto en Derechos Humanos de Alliance Defense Fund (ADF) Roger Kiska, quien acudirá a Estrasburgo para representar a los padres objetores demandantes, considera que España es "un campo de pruebas" y que "muchas personas fuera de España están preocupados por la situación del país en materia de educación".
Así, afirmó que es "muy fácil simplificar" el asunto diciendo que se trata de un "problema de religión" pero enumeró casi una decena de artículos que, según Kiska, han sido violados por el Estado. "El Estado tiene que respetar los derechos de los padres para que eduquen a sus hijos de acuerdo con sus creencias ideológicas", concluyó el abogado.
