MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -
El proyecto de Ley de Montes incorpora a su articulado las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, con el objetivo de dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba nula esta previsión.
Así se ha determinado en la reunnión de Ponencia del Congreso que también ha decidido, con la mayoría del PP dejar pendiente para el debate en Comisión volver a la actual definición de agente forestal, tal como ha pedido el sector, según han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias.
Sobre la inclusión de las reglas del trasvase, la oposición ha criticado durante la reunión que el PP haya adoptado esta iniciativa "de tapadillo" y sin haber contado con la participación pública. "Hace un uso torticero de la ley", critican, subrayando que la Ley de Montes no es el espacio para modificar temas como un trasvase, relativo al agua.
Por su parte, la portavoz del PP en la Comisión de Medio Ambiente, María Teresa de Lara, ha explicado a Europa Press que el Tribunal Constitucional estimó parcialmente un recurso de Aragón que reclamaba la nulidad del acuerdo por no haberse requerido informe preceptivo a esta comunidad autónoma, donde nace el río Tajo.
De hecho, recuerda que el Alto Tribunal permitía, no obstante, que las reglas siguieran aplicándose en tanto en cuanto se subsanaba este trámite para evitar perjuicios a los afectados, por lo que en la práctica su incorporación a la norma no tiene ningún efecto salvo dar cumplimiento a la sentencia.
De Lara ha añadido que el Ejecutivo ya ha solicitado informe preceptivo al Gobierno de Aragón y que, una vez subsanado este error de procedimiento, se procede a publicar las reglas de explotación en una ley de carácter ambiental, ya que la primera vez fueron recogidas en la Ley de Evaluación ambiental.
El Tajo nace en la sierra de Albarracín, en Teruel. Según el Alto Tribunal, el Estado debía consultar a todas las comunidades autónomas por las que discurre el río y, aunque lo hizo con el resto, se olvidó de Aragón.
Así, señala que las reglas de explotación, fruto del acuerdo entre el Gobierno y todas las comunidades autónomas por las que transcurre el Tajo más las afectadas por el trasvase, salvo el olvido de Aragón, que se recogerán en la Ley de Montes son exactamente las mismas que las que recogía la Ley de Evaluación Ambiental, y que anuló el TC.
MAS INCORPORACIONES A LA LEY
Otra de la propuestas del PP a esta ley que han sido incluidas ya a su articulado es la delimitación del uso forestal en el planeamiento urbanístico con el fin de evitar transformar mediante la urbanización el suelo forestal afectado a un servicio público.
Además, se ha aceptado otra enmienda de los 'populares' relativa a autorizar al Gobierno a elaborar un texto refundido en el que se integren las leyes de control y prevención de contaminación y las disposiciones en materia de emisiones industriales contenidas en otras normas con rango de ley, dada la actual "dispersión normativa".
A su vez, se especifica, vía enmienda del PP, en el articulado de la ley que "los montes o fracciones de monte que estén incluidos en espacios naturales protegidos se rijan por su legislación específica", ya que, según indica el PP, hay montes que constituyen una unidad administrativa, geográfica o de propiedad, pero una parte del monte se encuentra en un espacio natural protegido y por otra parte no.
Dado que en la gran mayoría de los montes de utilidad pública es la comunidad autónoma la que gestiona el monte en lugar de su titular, entidad local que puede no disponer de medios para defender el interés público, se ha decidido obligar a que sea la administración gestora la que esté presente en estos procedimientos, "sea quien sea el que los incoe".
Además, se ha añadido a la ley que las medidas necesarias de vigilancia, localización y extinción de focos incipientes de plagas deban comunicarse a los propietarios de la zona para evitar que efectúen acciones en sus montes que vayan en contra de dichas medidas, por desconocimiento. "Si las conocen harán lo posible en su gestión por favorecer las medidas contra plagas", dice el PP.
PENDIENTE: AGENTES FORESTALES
Según confirmó a Europa Press María Teresa de Lara, también queda pendiente de incluir en la ley la definición de los agentes forestales en la ley, que ha suscitado las críticas de la oposición y del sector.
El Grupo Popular presentó una enmienda al proyecto de Ley en la que recuperaba la definición vigente de agente forestal, que había sido modificada en el proyecto de Ley del Gobierno.
En concreto, el Ejecutivo propuso un texto en el que se suprimía la referencia expresa a la condición de funcionarios de estos agentes y además añadía que su actuación se entendía de forma auxiliar con la de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con respeto a las facultades de su legislación orgánica reguladora.
Aunque al final la propuesta del PP en sus enmiendas recuperaba la actual definición del Agente Forestal, los 'populares' han decidido no incluirla todavía en el texto del Gobierno, a falta de alcanzar el consenso con los grupos parlamentarios de la oposición el próximo miércoles en la Comisión.
Por otro lado, estaría pendiente de inclusión las enmiendas del PP relativas a establecer una reducción del 10 por ciento en el impuesto de sociedades a las sociedades forestales en los gastos e inversiones destinados a la conservación, mejora, protección y acceso del monte.
