La Memoria Anual de la Institución señala "problemas" al ejecutar las penas de trabajos en beneficio de la comunidad para maltratadores
MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía General del Estado registró un total de 18.655 delitos relacionados con la violencia doméstica en 2007, de los cuales quince fueron intentos de homicidio, once fueron homicidios consumados y tres, asesinatos, según recoge la Memoria Anual de la Institución.
El informe, recogido por Europa Press, señala que durante el año pasado se incoaron 11.505 delitos de maltrato ocasional y 2.304 de amenazas. Además, 1.344 casos fueron por lesiones y 1.226, por quebrantamiento de las medidas cautelares.
En cuanto a los delincuentes, el grupo más numeroso era pareja de hecho de su víctima (3.971 casos), seguido por los cónyuges (3.736) y los progenitores (2.013). En 1.627 delitos, los culpables eran hijos de las víctimas, mientras que en 1.627 casos, los responsables habían mantenido en el pasado una relación sentimental con la persona objeto del delito.
En total, se incoaron 1.927 juicios de faltas, 13.782 diligencias previas y 8.874 diligencias urgentes relacionadas con la violencia doméstica. Los jueces abrieron además, 32 sumarios y se formaron un total de 18 jurados en el procedimiento.
FALLA LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS
La Fiscalía recoge en la Memoria ciertos "problemas planteados en la ejecución de las penas" por delitos de este tipo, especialmente cuando se trata de imponer trabajos en beneficio de la comunidad, bien de forma directa o como sustitutiva de la pena de prisión.
Según el texto, "las principales dificultades" con que se encuentran las diferentes Fiscalías residen en que la efectividad de estos castigos requieren de la colaboración del penado y "de la organización de la actividad concreta que deba prestarse", lo que depende de los convenios que firme la Administración.
Así, Fiscalías como la de Álava, señalan que en ocasiones, se da lugar a un retraso en la aplicación de este tipo de penas, provocando una dilación "excesiva", con la que "el efecto pretendido por la pena queda desvirtuado". En el caso de Cantabria, donde han prescrito algunas de estas condenas impuestas por delitos de violencia de género o doméstica, el problema está en "la falta de dotación presupuestaria".
Por otra parte, la Fiscalía de Sala Delegada Coordinadora de Violencia Contra la Mujer pone el acento en la necesidad de que todos los Juzgados específicos para estos delitos cuenten con las Unidades de Valoración Integral que dispuso la Ley (integrados por un médico forense, un psicólogo especialista y un asistente social). Según explica, estos equipos "sólo funcionan en algunas provincias" y "su implantación general es necesaria y urgente".
La Fiscalía incide además, en que la resolución que acuerda la orden de protección o la resolución que decreta la condena del agresor "en algunas ocasiones, deviene insuficiente" y señala que si bien es necesaria la recuperación de la víctima, también lo es "la evolución de la situación de riesgo" por lo que "cobra relieve" el seguimiento de ambos.
En 2007 fueron asesinadas 75 mujeres por violencia de género y de ellas, 49 no habían presentado denuncia. "La reflexión a que induce esta trágica cifra es la de evaluar si la víctima que sufre maltrato está recibiendo debidamente toda la información necesaria acerca de la tutela que la Ley preconiza", explica la Fiscalía, que recuerda en su informe que las 21 víctimas no denunciantes que eran extranjeras "gozan de idéntica protección que las nacionales".
