MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno tendrá en cuenta las sugerencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la reforma del Código Penal que vayan en la línea de reforzar el control sobre los condenados por terrorismo o delitos sexuales, según afirmó hoy la vicepresidenta primera y portavoz, María Teresa Fernández de la Vega.
"(Las sugerencias) se adaptarán al proyecto de ley que tenemos en marcha si sirven para reforzar nuestro último fin, que es el control y el seguimiento de las personas que hayan sido condenadas por terrorismo o delito sexual", dijo De la Vega en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La vicepresidenta se expresó así después de que el CGPJ hiciera público ayer un informe muy crítico con esta reforma parcial del Código Penal. En concreto, el CGPJ opinó que sería de "muy difícil justificación" la libertad vigilada para terroristas o agresores sexuales una vez cumplida su pena de prisión, porque supondría un retroceso respecto a los regímenes de tercer grado y libertad condicional.
No obstante, también incluyó recomendaciones para poner en marcha esta medida como crear la figura del agente de la libertad vigilada o precisar cómo se castigará el incumplimiento de éste régimen. De la Vega aseguró hoy que el Ejecutivo siempre concede mucha importancia a estos informes del CGPJ --preceptivos pero no vinculantes--.
Aunque afirmó que aún no ha tenido tiempo de estudiarlo en profundidad, apuntó que "en una primera impresión" el documento del CGPJ incluye sugerencias "que se pueden tener en cuenta" y precisó que se incorporarán si van en el sentido de reforzar el control de los condenados.
PACTADO CON EL PP
La introducción de medidas de aseguramiento para terroristas y agresores sexuales fue acordada entre el Gobierno y el PP a raíz del pacto sobre la Justicia nacido de la primera reunión de esta legislatura entre el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, y el de la oposición, Mariano Rajoy, el pasado 23 de julio. El Gobierno había plasmado ya ésta y otras medidas en un anteproyecto de ley.
No obstante, éste pacto en materia de Justicia encalló ante las discrepancias entre gobierno y PP para reformar el Tribunal Constitucional y, la semana pasada, fue oficialmente congelado por la oposición tras conocerse que el ya ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, había coincidido en una cacería con el juez Baltasar Garzón mientras éste instruía la operación 'Gürtel' que puede afectar a miembros del PP.
Hoy, De la Vega dejó claro que el nuevo titular de Justicia, Francisco Caamaño, "ha tendido de nuevo la mano a las asociaciones (de jueces) y a todas las fuerzas políticas", incluido el PP para abordar la modernización de la Justicia "desde el diálogo y el acuerdo", y destacó que ha apreciado una "buena disposición" por parte de las asociaciones judiciales.
Al inicio de la rueda de prensa, la vicepresidenta expresó el agradecimiento del Gobierno a Mariano Fernández Bermejo, dimitido el pasado lunes, por su "trabajo y dedicación" y subrayó que se entregó "de lleno" a la tarea de modernizar la Justicia y mejorar este servicio a los ciudadanos, tarea en la que proseguirá ahora Francisco Caamaño.
