CARTAGENA (MURCIA), 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Región de Murcia tendrá una Ley de Garantías de Derechos a las Personas con Discapacidad y la remitirá en el plazo de seis meses a los órganos consultivos de la Región.
Los grupos parlamentarios han aprobado por unanimidad una iniciativa del PP para que el Gobierno regional elabore una Ley de Garantías de Derechos a las Personas con Discapacidad, a la que se le ha añadido una transacción a una enmienda de adición presentada por el PSOE para que el texto legal se remita en un plazo máximo de seis meses a los órganos consultivos de la Región y que el documento se remita acompañado de una memoria económica.
La diputada del PP, Inmaculada González, ha explicado que la ley que debería elaborarse tendrá que contemplar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la integración de estas personas en todos los ámbitos de la sociedad, así como "ha de asegurar la trasversalidad de las políticas que afectan a esas personas".
El PP ha transaccionado la enmienda de adición del PSOE porque "no podemos instar al Gobierno a remitir en el plazo de seis meses a la Cámara el texto. El plazo ha de ser más amplio para que el texto obtenga el visto bueno de los órganos consultivos de la Región", ha señalado González.
Esta normativa afectaría a las 150.000 personas con discapacidad que pueblan la Región y que, según González, "precisan de una protección singularizada en el ejercicio de los derechos humanos y las libertades básicas, debido a las necesidades específicas derivadas de su situación de discapacidad".
Durante el debate parlamentario, los socialistas han pedido que dicha ley "no se copie y corte de otras regiones, sino que siga las directrices tratadas". La diputada del PSOE, Consuelo Cano ha insistido en que el documento "ha de ir acompañado de una memoria económica y que se remita a la Cámara con un Plan Regional de Discapacidad que sea el que contenga la memoria económica que garantice su aplicación", a la vez que ha instado a que la ley "esté lista a la mayor brevedad posible".
Del mismo modo han opinado sobre el asunto los diputados del grupo Podemos. Su portavoz, Óscar Urralburu, ha asegurado que comparten la garantía a la no discriminación e inclusión social de estas personas y esperan que esta normativa "no quede en papel mojado". Por eso han dicho que comprometen "a estar vigilantes para que la ley se cumpla" y han pedido que el texto cuente con la opinión de los colectivos afectados, a lo que se ha comprometido la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás.
Urralburu ha añadido que el mundo de la discapacidad "no puede tratarse como un negocio y estamos de acuerdo en que es necesario ese plan económico".
Por último, el diputado de Ciudadanos, Luis Francisco Fernández, ha pedido que el 1 por ciento del presupuesto que se destine a esta ley vaya dirigido a mejorar las infraestructuras y que la ley no solo proteja a las personas con discapacidad, sino también a las personas que las tienen a cargo.
