La Fiscalía denuncia que la legislación actual contra la trata "contribuye a seguir ocultando" este delito
MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Comisaría General de Extranjería desarticuló el año pasado un total de 115 redes mafiosas de trata de personas con fines de explotación sexual, detuvo en estas operaciones a 530 personas e identificó a 1.035 víctimas, a las que se suman las 583 reconocidas en 148 operaciones contra este tipo de delitos al margen de las redes, según recoge la Memoria de la Fiscalía General del Estado.
El informe del Fiscal señala que cuatro de cada diez víctimas eran de origen americano, mientras que las europeas suman el 37 por ciento del total, seguidas de las africanas, con un cinco por ciento, y las asiáticas (4,35 por ciento). Además, hay un cuarto grupo de víctimas de trata cuyo origen no se ha podido determinar y que supone el 9,1 por ciento de los casos.
Atendiendo a su nacionalidad, más del 28 por ciento eran brasileñas, mientras que el 20 por ciento eran rumanas; el 13 por ciento rusas y una de cada diez, había nacido en Paraguay.
En cuanto a los 530 detenidos por explotar a estas mujeres, el informe señala que son de varias nacionalidades, aunque el grupo mayor en número es el de los españoles (el 32 por ciento) seguido de los rumanos (21,8) y los brasileños (11,32).
LAGUNAS EN LA LEGISLACIÓN
La Fiscalía relata en la memoria las dificultades del Estado de Derecho para luchar contra este tipo de delitos y proteger a las víctimas debido a un redactado actual de la legislación que "contribuye a seguir ocultando en nuestra sociedad tan execrable actividad especialmente esclavizadora de las mujeres".
Según explica el Fiscal de Sala Coordinador de Extranjería, como España "no ha cumplimentado con rigor los compromisos adquiridos con la ratificación de los Protocolos de Palermo" para la persecución de estos delitos, "la trata de personas en sentido estricto (...) es una conducta como tal atípica en derecho español quedando relegada a un supuesto agravado del delito de inmigración clandestina".
Además, la Fiscalía critica que el Código Penal español no ha tipificado por separado la trata de personas y la inmigración clandestina, que sólo afecta a los ciudadanos de fuera de la UE. Este hecho, provoca "una especie de regulación híbrida extremadamente confusa", según la memoria.
"Al haberse obviado la existencia independiente de esas entidades delictivas (...) se está desconociendo la necesidad de protección específica de las víctimas de trata de personas" que "al ser consideradas como meros inmigrantes en situación de ilegalidad, no cuentan con un sistema integral de protección que incluya medidas destinadas a su recuperación física, psicológica y social", explica la Memoria de la Fiscalía.
