HUELVA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha asegurado este lunes que la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entrará en vigor el próximo mes de marzo, promoverá la incorporación de pymes y autónomos, "la gran base empresarial del tejido productivo en Andalucía", con el fin de favorecer su acceso a las licitaciones y contratos de la Junta de Andalucía, y reducirá la burocracia agilizando tiempos en los procedimientos.
En declaraciones a los periodistas en Huelva, antes de inaugurar unas jornadas sobre contratación pública, Montero ha recordado que la administración andaluza realiza más de 70.000 contratos anuales por un valor superior a los 2.500 millones de euros.
Montero ha matizado que el volumen más importante lo concentra el Servicio Andaluz de Salud, que "es el máximo responsable de la contratación en el volumen que requiere la apertura de los centros de salud y hospitales".
Por ello, ha destacado la importancia de que los funcionarios conozcan la nueva Ley de Contratación, siendo uno de los retos más importantes "aprovechar el potencial de la compra pública innovadora, lo que va a permitir que se puedan desarrollar nuevos productos y que las empresas tengan un estímulo añadido a la innovación y a la investigación con el compromiso de coparticipación del sector público".
Al respecto, ha señalado que "un área de especial interés es la biotecnología que cuenta con un entorno en el que la mayoría de los productos son costosos, en términos económicos, con una gran rentabilidad social, pero que requieren de la participación del sector público-privado para que puedan tener un recorrido que amortice la inversión que originalmente se tiene que hacer sobre este tipo de productos".
A su vez, ha añadido que esta normativa va encaminada a la "práctica eliminación de los contratos menores en la contratación pública", lo cual "obliga y hace que se tenga que se desarrollar una mejor planificación de las compras al objeto de tener previsto todos aquellos supuestos en los que, hasta la fecha, entraba la contratación menor, fundamentalmente, por razones de urgencia".
Del mismo modo, ha precisado que se trata de "tener la capacidad de hacer una planificación que nos permitan el cumplimiento de la ley y contar con instrumentos para que cualquier contrato o licitación pública, esté en la fase que esté, tenga capacidad de consulta por parte de los afectados, tenga indicadores de validación por parte de los ciudadanos".
Todo ello con el objetivo de contribuir "a generar mayor confianza y por supuesto a prevenir actuaciones que se pudieran alejar de la normativa".
