El documento, que será remitido al Parlamento andaluz, mantiene el compromiso de presencia en Internet
SEVILLA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este martes la Carta del Servicio Público de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), documento que será remitido al Parlamento y que fija las estrategias y prioridades que deberá aplicar esta agencia pública en su acción empresarial y de comunicación durante los próximos seis años.
Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, la Carta, que sustituye a la anterior de 2010 y mantiene el actual sistema de financiación mixto, se concretará cada tres años en un contrato-programa en el que se establecerán los objetivos específicos y la asignación de recursos para su cumplimiento.
Entre otras novedades, incorpora la adaptación a los últimos avances tecnológicos que mejoran el servicio a telespectadores y oyentes, como los relacionados con la alta definición y la televisión a la carta.
El documento, que se remitirá al Parlamento andaluz para su aprobación definitiva, recoge el compromiso de presencia en Internet y en los soportes digitales y sus distintas plataformas, redes y aplicaciones que aumentan y ponen a plena disposición de la ciudadanía la oferta audiovisual de contenidos y elementos informativos, culturales, educativos y de entretenimiento.
INFORMACIÓN TERRITORIALIZADA Y CONTENIDOS DE PROXIMIDAD
La nueva Carta del Servicio Público de la RTVA subraya además, como principales objetivos, promover la atención al pluralismo social, cultural y político; garantizar la libertad de expresión y la libre formación de la opinión pública; impulsar la divulgación de valores cívicos y democráticos, y asegurar un acceso universal a la información, la cultura, la educación y el entretenimiento audiovisual de calidad. De igual modo, renueva el compromiso de la agencia pública con la atención informativa territorializada y los contenidos de proximidad.
Otro de los elementos destacados que recoge el documento es la decisión de la RTVA y Canal Sur de promover y apoyar iniciativas de alfabetización digital y mejora del uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, especialmente entre la infancia, la juventud, las personas mayores y los colectivos más vulnerables.
Junto con ello, se mantiene el compromiso de la RTVA con la igualdad entre mujeres y hombres; la protección de la infancia y la juventud en relación con su programación y horarios; el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad sensorial, adecuando los espacios para que les sean accesibles, y la atención especial que se prestará al colectivo de las personas mayores --con contenidos adecuados a sus preferencias y necesidades-- y a los grupos en riesgo de exclusión social.
La carta también refuerza la figura del Defensor de la Audiencia, que atiende las opiniones, demandas y sugerencias de los espectadores, oyentes y usuarios, además de velar por la preservación de sus derechos. En este sentido, su papel también garantizará el esfuerzo tecnológico y operativo del ente dirigido a mejorar la oferta de programaciones y servicios accesibles para personas con discapacidad sensorial.
Respecto al nuevo escenario de la expansión de los servicios de radio y televisión digital terrestre (TDT), el documento recoge que la RTVA, de acuerdo con su marcado objetivo de utilidad pública, planificará la prestación de nuevos servicios interactivos y en línea, junto a los que ya se operan a través de internet, de acuerdo con el estado de la tecnología de los usuarios y con las potenciales demandas de la ciudadanía.
FINANCIACIÓN MIXTA
En cuanto a la financiación, la Carta mantiene el vigente mecanismo estable y sostenido de carácter mixto, a través de subvenciones consignadas en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma y de ingresos derivados de la actividad comercial. Según la Junta, ello "garantiza una gestión económico-financiera orientada a la optimización de la explotación de los recursos disponibles".
La elaboración de la Carta del Servicio Público aprobada para su remisión al Parlamento fue establecida por la Ley 18/2007 de la RTVA con el objetivo de reforzar aún más el papel de la Cámara autonómica en relación con el operador público audiovisual. De esta forma, a la elección parlamentaria de sus principales órganos de gobierno y al control de su funcionamiento, se suma la aprobación de las directrices generales para el control de la actividad de la empresa y el cumplimiento de su función.
Andalucía fue en 2010 la primera comunidad autónoma que dotó a su operador audiovisual de una carta de servicios orientada a mejorar su pluralidad y transparencia, de igual modo que ya fue "pionera" en proporcionarle un marco jurídico a través de la citada ley de 2007.
