Piden un régimen transitorio de los contratos de arrendamiento de local de negocio y una nueva moratoria de diez años
BILBAO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Confederación de Asociaciones de Comerciantes, Hosteleros y Empresas de Servicios de Euskadi, Euskaldendak, y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Euskadi (UPTA) han alertado de que el 1 de enero de 2015 se producirá el cierre de cerca de 12.750 empresas en Euskadi, afectadas por el aumento de los arrendamientos.
Ambas organizaciones han presentado en Bilbao la plataforma conjunta "No al cerrojazo. Afectados por la LAU", que obedece al cambio legislativo que supone la supresión de la prórroga en los contratos de arrendamiento de los locales arrendados bajo el auspicio de la Ley de Arrendamientos de 1964, por un plazo de veinte años a contar desde la entrada en vigor de la actual ley.
Según ha indicado el vicepresidente de Bizkaidendak y en esta ocasión portavoz de Euskaldendak, José Feijoo, este cambio legislativo, unido a una crisis económica "sin precedentes que ha impedido a muchos comercios adaptarse", producirá el día 1 de enero de 2015 el "cierre masivo de cientos de empresas fuertemente arraigadas en nuestras ciudades, que se verán obligadas a negociar un nuevo contrato de arrendamiento, con un incremento de renta de tal magnitud que hará inviable su supervivencia".
Las consecuencias estimadas por UPTA y Euskaldendak serán el cierre de más de 200.000 empresas en todo el Estado de, al menos, 30 años de antigüedad. De estos cierres, se prevé un aproximado de 12.750 empresas en el conjunto de Euskadi.
Además, han alertado de que más de 300.000 personas, de edad media avanzada, se verán avocadas a la pérdida de su puesto de trabajo, "engrosarán las filas del paro y, difícilmente, podrán reincorporarse a su vida laboral".
En el conjunto de Euskadi prevén la pérdida aproximada de 15.000 empleos directos tanto de autónomos como de trabajadores asalariados, la "desertización de las ciudades con la consiguiente degradación urbanística de sus principales ejes comerciales", mientras el consumidor "perderá la atención personalizada, sufrirá un encarecimiento de los precios y verá limitada su posibilidad de compra de proximidad".
Dado que estas consecuencias se derivan de la vigente Ley 29/1994, esta plataforma constituida para trabajar en todo el Estado pretende, según el secretario general de UPTA, Koldo Mendez, instar al Gobierno a modificar la Disposición Transitoria Tercera de la LAU 29/1994 para que prevea un régimen transitorio de estos contratos de arrendamiento de local de negocio consistente en una nueva moratoria de diez años en todos los casos, por lo que la extinción de estos contratos sería a los treinta años de la entrada en vigor de la LAU 29/1994.
Al inicio de este régimen transitorio de 10 años, se procedería a una actualización de la renta por la diferencia entre, por un lado, el incremento de los últimos veinte años del IPC de arrendamientos urbanos a 31/12/2014 y, por otro, el incremento del IPC general ya aplicado. A partir de esta fecha se utilizaría como índice corrector el referido IPC de arrendamientos urbanos anual corriente.
Asimismo, desde la plataforma proponen la constitución de una "línea oficial de crédito para el traslado, reforma y adaptación de locales para empresas afectadas por la finalización de la moratoria, durante la prórroga de la misma, en atención a la situación de grave crisis económica".
