MÉRIDA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Asamblea de Extremadura tramitará la propuesta de ley de Podemos sobre eficiencia energética para centros educativos de la región mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables para combatir el frío y el calor "extremo" en las aulas, y que permitiría según dicha formación la creación de unos 1.000 puestos de trabajo durante un año entero.
La tramitación de la norma, que no ha recibido enmienda de totalidad de ningún grupo político, y para la que Podemos buscará el apoyo necesario para que sea aprobada en la Cámara autonómica, "ahora" se produce "cinco largos meses" después de que la formación 'morada' registrase la propuesta el pasado 25 de abril, y una vez que la Junta "no ha hecho más que poner obstáculos y zancadillas a que esta ley salga a la luz".
De este modo lo ha explicado en rueda de prensa este miércoles en Mérida la presidenta del Grupo Podemos en la Asamblea, Irene de Miguel, quien ha recordado que un recurso de su formación al "veto con argumentos que no se sostenían" planteado por el Ejecutivo regional a la norma propició que la Mesa de la Cámara extremeña le diese la "razón" a su partido en cuanto a la tramitación de la propuesta.
Sobre el contenido de la propuesta, ha explicado que su objetivo es "mejorar la climatización en las aulas y por ende la calidad educativa", además --de forma inherente a la misma-- de "impulsar un nuevo modelo productivo basado en la transición energética" a la que "Extremadura no puede dar la espalda".
Plantea, así, la norma que se necesita la rehabilitación de los centros educativos de la región "para aclimatarlos de manera que no sean hornos literalmente en épocas como el final y el inicio de curso". "Es una ley que viene simplemente a solucionar los problemas que se están teniendo en los centros educativos. No es una ley a la que se le deba dar la espalda ni mucho menos...", ha aseverado.
SIN AIRE ACONDICIONADO EN EL PLENO
De igual modo, Irene de Miguel ha anunciado que Podemos ha solicitado a la Mesa de la Asamblea que en el próximo pleno de la Cámara regional, que será cuando se sustancie el debate de totalidad de esta propuesta de ley de eficiencia energética en centros educativos, "no haya aire acondicionado en el pleno" para que los diputados "puedan sentir en sus propias carnes qué es lo que están sintiendo los escolares extremeños en las aulas durante por ejemplo semanas como ésta en la que se alcanzarán los 39 grados".
"Quizás sea ésta la manera para que así sus señorías entiendan la prioridad y la importancia de una ley como la que planteamos nosotros", ha espetado la diputada de Podemos, quien ha añadido que en su reunión del próximo viernes la Mesa de la Asamblea decidirá sobre la petición de que no haya climatización en la sesión plenaria del próximo martes, día 25, en la Cámara regional.
ASPECTOS DE LA PROPUESTA
Como aspectos de la propuesta de ley, Podemos platea una mejora de las condiciones térmicas y ambientales mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables de los centros educativos extremeños de titularidad pública, tanto los que dependen directamente de la Junta de Extremadura como los que son de titularidad de las corporaciones locales.
Además, la iniciativa, de ser aprobada, también será de aplicación en los centros privados y concertados de nueva construcción, así como en las nuevas concertaciones que se produzcan a partir de la entrada en vigor de la normativa.
De igual modo, la ley establece que los centros públicos donde se lleve a cabo la actividad docente deberán mantener el confort higrotérmico interior, con un intervalo de temperaturas que deberán oscilar entre los 17 y los 24 grados en invierno y entre los 23 y los 27 en verano.
Al mismo tiempo, como procedimiento de aplicación, contempla que la Junta de Extremadura deberá elaborar, a través de una encomienda de gestión a la Agencia Extremeña de la Energía, en el plazo de 18 meses una auditoría energética de los centros educativos públicos de la comunidad.
Así, una vez auditadas, las administraciones públicas titulares de los colegios estarían obligadas a presentar, en los 24 meses posteriores a la entrada en vigor de la ley, un Plan de Acondicionamiento Bioclimático y Renovable de cada uno de los centros educativos.
La ley especifica, también, que la comunidad educativa tendrá un papel "activo" en la gestión bioclimática de los centros educativos extremeños, de tal forma que deberá ser tenida en cuenta para la elaboración del Plan de Acondicionamiento Bioclimático y Renovable de cada centro docente.
Además, una vez elaborados estos planes, la Junta deberá elaborar el Programa Plurianual de Inversiones para la Adecuación y Rehabilitación Energética de los Centros Educativos Públicos Extremeños 2021-2025, que tendrá por objeto, entre otras cuestiones, determinar para cada ejercicio presupuestario las inversiones en obras de rehabilitación bioclimática y adecuación energética.
La finalidad será, de este modo, que los centros educativos extremeños tengan en el año 2025 la condiciones de edificios de consumo de energía "casi nulo".
También, y con el objetivo de garantizar una gestión energética eficiente en los centros públicos, la propuesta de ley plantea que la Administración regional deberá desarrollar anualmente una convocatoria de formación específica en dicha materia destinada al equipo directivo, al personal docente y al personal de administración y servicios, "sin que suponga una carga de trabajo para todos aquellos profesionales que la realicen".
Asimismo, establece la propuesta de Podemos que la Consejería de Educación deberá encargar a la Agencia Extremeña de la Energía la redacción de la Guía Técnica para la Adecuación y la Rehabilitación Ambiental Bioclimática y el Uso de Energías Renovables de los Centros Educativos Públicos Extremeños, que debería ser elaborada en 24 meses a partir de la entrada en vigor de la ley.
DECRETO DE AUTOGESTIÓN ECONÓMICA DE CENTROS EDUCATIVOS
Por otra parte, sobre otro asunto, Irene De Miguel ha criticado el decreto publicado este pasado martes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) por parte de la Junta sobre autogestión económica de los centros educativos, por considerar que el mismo plantea "prácticamente" que "los directores tienen el poder absoluto para poder solicitar obras", lo que los convierte "al final en unos gestores económicos que se van dedicar a buscar dinero donde lo haya".
Además, entiende que el decreto en cuestión "crea como un ránking de centros, porque todo depende de los fondos que cada centro pueda acoger", lo que provocará que "aquellos centros escolares que tengan menos capacidad de poder tener fondos se van a ver muy perjudicados".
Con ello, este decreto aplica "los "conceptos más retrógrados" de la Lomce al convertir, según la diputada de Podemos, a los colegios en "un negocio".
